Ricardo Monreal
Elecciones 2021: legalidad y legitimidad en juego
México tiene en puerta las elecciones más grandes de su historia hasta el momento, pues estará en juego —además de los cargos públicos locales— la renovación de la Cámara Baja del Congreso mexicano, la cual está compuesta por 500 diputadas y diputados federales y, encima de ello, se disputarán 15 de 32 gubernaturas. De ahí la gran relevancia político-gubernamental de los comicios del 6 de junio próximo.
Más allá de los puestos de elección popular que se están disputando en el actual proceso electoral, están en juego la legalidad y la legitimidad del actual gobierno, sus propuestas, propósitos e incluso la esencia misma del movimiento popular que arrancó a ras de suelo, con el total apoyo de la ciudadanía de a pie y que, posteriormente, se convirtió en la fuerza política que impulsó al presente gobierno y a la 4T.
Todo ello ratifica el carácter trascendental de las elecciones próximas, las cuales presentan una serie de singularidades, resultado de las actuales crisis sanitaria y económica que enfrentamos.
Es la primera vez en la historia reciente de nuestro país que un proceso electoral se contextualiza en medio de contingencia de salud pública, que además ha derivado en una crisis económica a escala global. Ante los retos, el Gobierno de México y las autoridades electorales están obligados a generar las condiciones para propiciar una amplia participación de todos los sectores sociales durante la próxima jornada electoral.
La irrupción de la COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad institucional actual para responder ante una crisis de tal magnitud. Contrario a lo vaticinado e, incluso, deseado por la oposición, el Gobierno federal y las autoridades de salud, a lo largo de un año, han trabajado incesantemente para garantizar el pleno funcionamiento del mermado sistema de salud pública del país, evitando su colapso y permitiendo con ello una amplia base de atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
La campaña de vacunación avanza entre la población y, gracias a las buenas gestiones institucionales, se siguen obteniendo dosis desde el extranjero, al tiempo de que en nuestro país ya se encuentran en desarrollo proyectos de inoculación propios, los cuales se espera que estén listos en el corto plazo.
En el ámbito de lo económico, las estrategias dirigidas por el Gobierno federal han sido pensadas para beneficiar primeramente a la población en situación de mayor vulnerabilidad y no a las grandes corporaciones, como sucedía en el pasado; por tanto, la entrega de apoyos, indispensables en estos momentos de crisis, ha fluido de manera constante hacia las familias con menores recursos.
No se ha escatimado en esfuerzos de todo tipo, en conjunto con el sector privado, para abrir o defender fuentes de empleo; la paridad con el dólar se mantiene, e incluso la moneda mexicana ganó terreno en días pasados; las exportaciones nacionales se han sostenido y, aunque la inflación ha registrado aumentos, con la respectiva alza en el precio de algunos productos, la mayor parte de la canasta básica continúa a un precio asequible para la población.
De alguna manera, tanto representantes del ámbito académico, como analistas e inclusive personajes de la política mexicana contemporánea coinciden en que el manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno será evaluado en las urnas el próximo 6 de junio.
La naturaleza de la evaluación por venir depende de la participación ciudadana, la cual podría verse inhibida por la crisis sanitaria, aunque, de acuerdo con sondeos realizados por Naciones Unidas, en otros países de América Latina en donde recientemente se celebraron procesos electorales el contexto de pandemia no incidió negativamente en la afluencia de votantes.
De acuerdo con el subsecretario general adjunto de la ONU, Luis Felipe López-Calva, en su ensayo ¿Cómo está cambiando el COVID-19 la participación electoral en América Latina y el Caribe?, 18 países de la región han celebrado elecciones en fechas cercanas. Es interesante que, en comparación con los promedios históricos, la participación ciudadana en la región se incrementó en siete naciones en medio de la pandemia.
Bolivia, por ejemplo, es de las naciones que experimentaron un aumento en su participación de entre uno y siete puntos porcentuales; por supuesto que esto se debió, en buena medida, a la crisis política por la que atravesó el país sudamericano hace un par de años, lo que incrementó la importancia de su más reciente proceso electoral.
En las elecciones del próximo 6 de junio en México se pondrán a prueba tanto la salud de nuestra democracia como su grado de madurez. La participación ciudadana libre e informada es clave —independientemente de quienes ganen—; sobre la voluntad popular descansa la responsabilidad de determinar hacia dónde se deberá dirigir el país, políticamente hablando, en los siguientes tres años, y nos dejará entrever si ha sido congruente el rumbo que se ha tomado con los principios de la 4T como piedra de toque, o si se debe replantear el camino después del proceso electoral que tendrá lugar en 2024.
Recuérdese que fueron el voto y la voluntad populares los que decidieron iniciar con el proceso de la 4T hace casi tres años, y estos mismos factores determinarán en junio próximo si hay elementos positivos suficientes como para ratificar el camino por el cual se ha conducido al país durante este tiempo.
La legalidad y la legitimidad están siendo puestas a prueba en el actual proceso electoral. Estamos presenciando la evolución de la comunidad política y el grado de madurez a que ha llegado nuestro país, institucional y moralmente hablando.
Esto ha sido señalado de manera reiterada por el presidente de la República, así como el grado de compromiso que la ciudadanía debe asumir a través de su participación: cuestión determinante para la concreción de ciertos proyectos o, en caso contrario, para su interrupción.
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