Ricardo Monreal
La LXV Legislatura en la Cámara de Diputados: garantía de gobernanza
Desde que se constituyó como república en 1824, México adoptó un sistema político de tipo presidencialista, cuyo diseño fue importado del modelo estadounidense, existente desde finales del siglo XVIII.
La ingeniería política de los Estados modernos que llevan ínsito el modelo de división o separación de poderes fue un tema del cual se habló ampliamente durante el desarrollo de la Ilustración en el Viejo Continente; curiosamente, serían las colonias en América las que, al independizarse, llevarían al plano concreto lo planteado por los ilustrados europeos.
En nuestro país, la división de poderes ha formado parte de la estructura política a lo largo de 200 años. A partir de las premisas que subyacen en ese modelo, se advierte un sistema de pesos y contrapesos que generan la necesidad de constantes interacciones entre las diferentes ramas en que se divide el poder público para su ejercicio.
En el caso del Congreso mexicano, son diversas las funciones de control y fiscalización que ejerce con el propósito de mesurar o equilibrar la actuación de las otras ramas del poder público. Asimismo, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, elaborar una propuesta inicial, la cual es evaluada, modificada y aprobada por la Cámara de Diputados.
Con la entrada en vigor de la reforma política de 1977, la pluralidad fue posible a través de la figura de la representación proporcional; aunque la eficacia de la norma tardó en fraguarse más de dos décadas, propiciando la existencia de tres diferentes escenarios en cuanto a la conformación de ambas cámaras del Congreso mexicano:
1. Mayoría simple o relativa: corresponde a la fuerza política que tiene el mayor número de legisladoras y legisladores.
2. Mayoría compuesta o absoluta: corresponde al grupo parlamentario que reúne la mitad más uno de los asientos.
3. Mayoría calificada: es la fuerza o coalición que agrupa a las dos terceras partes de la asamblea legislativa.
Ernesto Zedillo fue el último mandatario que gobernó, cuando menos la primera mitad de su administración, con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En 1994, San Lázaro contó con 334 diputadas y diputados emanados del partido oficial de un total de 500; tres años después, en las elecciones intermedias de 1997 esa mayoría calificada se perdió y no se ha vuelto a presentar en ninguna de las legislaturas posteriores.
Con la llegada de la 4T en las históricas elecciones de 2018, e incluso en contra de los pronósticos, Morena y la coalición Juntos Haremos Historia no obtuvieron las dos terceras partes de integrantes en el Senado ni en la Cámara de Diputados, por lo que nunca detentaron la mayoría calificada en la actual Legislatura.
Por otra parte, luego de conocerse los resultados de la elección del pasado domingo 6 de junio, muchas voces de analistas, personajes de la política y de medios de comunicación afirmaron e incluso celebraron que en San Lázaro la 4T no hubiera logrado la mayoría calificada.
Tales declaraciones resultan por demás extrañas, dado que es imposible perder lo que nunca se ha tenido, y la 4T jamás ha contado con tal mayoría en el Legislativo, sino que durante la LXIV Legislatura se construyeron acuerdos por medio del diálogo y del consenso para lograr las reformas constitucionales necesarias para apuntalar el plan de gobierno del nuevo régimen.
Se habló, sobre todo en redes sociales, antes de las elecciones, de quitarle la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados a Morena, para que de esta forma los recursos públicos utilizados para los proyectos de la 4T pudieran ser bloqueados en San Lázaro, lo cual evidenció desconocimiento sobre el funcionamiento de este importante órgano legislativo.
Con la mayoría absoluta o la mitad más uno del total de curules en San Lázaro, la coalición Juntos Hacemos Historia podrá aprobar todas las iniciativas de ley que no impliquen reformas constitucionales; asimismo, todas las facultades que el artículo 74 constitucional reserva a las y los diputados, lo que incluye la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De igual manera, tan sólo se necesita una mayoría absoluta para resolver la declaración de procedencia respecto de la solicitud de desafuero de una persona servidora pública, así como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la ratificación de la persona titular de la Secretaría de Hacienda, entre otros aspectos señalados en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, que les confiere, además, de manera mancomunada a ambas cámaras al menos 31 funciones, facultades y competencias.
Por tanto, en la LXV Legislatura, que estará iniciando en unos meses más, habrá garantía de gobernanza, dado que cuestiones de gran relevancia, como la aprobación del presupuesto federal para los próximos tres años, no estarán comprometidas para la segunda mitad del primer gobierno de la 4T.
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