Ricardo Monreal
Retos del segundo trienio
La jornada electoral de mitad de sexenio, aquella que ha servido de balance para conocer el sentir de la ciudadanía respecto de la gestión de los periodos gubernamentales en turno, concluyó el 6 de junio pasado con una participación satisfactoria en las urnas, lo cual, además de cimentar la legalidad del régimen actual, refrenda un innegable margen de legitimidad respecto de las y los representantes políticos que encabezan la 4T.
Los resultados electorales significaron un renovado voto de confianza para la coalición Juntos Hacemos Historia, la cual logró de nueva cuenta la mayoría absoluta en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se alzó con 11 de las 15 gubernaturas que se disputaron y consiguió la mayoría de los congresos locales. Escenario favorable para los propósitos de la Cuarta Transformación para la segunda parte de este sexenio.
El balance general de los pasados comicios es positivo, aunque la coalición triunfadora tuvo un retroceso en el número de sus diputaciones federales, respecto a la legislatura previa, y no retuvo la mayoría de los ayuntamientos ganados en 2018, sobre lo cual se debe reflexionar con profundidad.
No obstante, dado que de nueva cuenta la mayoría del electorado ha entregado su confianza preponderante al gobierno de la 4T, éste deberá enfocarse en trabajar de manera ardua para conservar y aumentar esa confianza entre la ciudadanía.
El gobierno tiene como uno de sus retos principales seguir demostrando en los hechos que no es igual a sus predecesores, y aunque haya una preocupación especial por orientar los esfuerzos institucionales para detener la pauperización de los sectores sociales históricamente menos favorecidos del país, se está gobernando para todas las personas, y las decisiones tomadas por el titular del Ejecutivo federal, con el respaldo del Legislativo, buscan generar las condiciones necesarias para corregir los errores del pasado y darle un giro radical al rumbo de la administración pública.
Estos tres años primeros han sido la base para generar ese cambio. El modelo de austeridad republicana pretende acabar con la visión errónea que se tenía del servicio público, al cual anteriormente muchas personas buscaban arribar, con el fin de enriquecerse a costa del erario.
Los casos paradigmáticos de tales prácticas, tan recurrentes anteriormente, los encontramos, por ejemplo, en el fallido proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco o en la todavía investigada Estafa Maestra.
El manejo responsable de la economía es uno de los factores de mayor peso en la evaluación de un gobierno, y no se puede maquillar en modo alguno, porque las malas decisiones inmediatamente se resienten en los bolsillos de las familias mexicanas.
A pesar de la grave crisis sanitaria que se desató a escala global y que derivó en una de las peores contracciones económicas de las que se tenga memoria en la historia reciente, el gobierno de la 4T ha sorteado de la mejor manera el temporal, y el peso goza de estabilidad frente al dólar, y la inflación, debido al negro panorama económico, ha mostrado incrementos, pero se ha contenido.
No obstante, el gobierno actual tiene ante sí un pendiente que requiere abordar de inmediato: la violencia. Durante el periodo electoral, pareciera que el crimen organizado dio tregua y hubo una aparente calma durante algunas semanas anteriores y el día de los comicios, con incidentes aislados.
A esto seguramente hizo alusión el jefe del Estado mexicano, al día siguiente de la elección, cuando consideró que “hasta las bandas delictivas se portaron bien”. En efecto, fue una jornada pacífica y participativa, por encima de los promedios de otros años. El factor esperanza en la 4T pudo más que el miedo a la violencia y a la pandemia.
Sin embargo, en algunas localidades del país se han detonado nuevamente las agresiones directas en contra de la población civil; el caso más reciente y lamentable es el de la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en donde comandos armados salieron a las calles y dispararon contra la gente, sin motivo alguno.
Aunque es grave esa situación, México cuenta con un clima de gobernabilidad en prácticamente todo el territorio, por lo que resalta la petición de ciertos sectores de la oposición que propugnan por la intervención directa de nuestro vecino del norte, con el pretexto de que los grupos delictivos están ejerciendo “terrorismo” o “narcoterrorismo”; por supuesto que ello no sólo es un razonamiento equivocado, sino que además conlleva un desconocimiento total de las implicaciones legales y políticas que significaría la presencia militar de Estados Unidos en nuestro territorio.
Con todo, no se puede minimizar la situación y, si bien es cierto que la espiral de violencia se ha pronunciado de manera estrepitosa desde hace más de una década en nuestro país, actualmente es preciso seguir haciendo todo lo necesario para que vuelva a imperar un clima de paz.
El proyecto alternativo de nación elegido por las mexicanas y los mexicanos aquel histórico 1 de julio de 2018 se ha hecho patente en estos tres años. Quedan otros tres años por delante para continuar demostrando al electorado, a sus opositores y críticos que no hay una mejor opción; aunque las perspectivas de éxito podrían verse reducidas, si todas las formas de violencia siguen minando la vida democrática de nuestro país.
No obstante, no hay una relación directamente proporcional entre violencia y elecciones (por ejemplo: a mayor competencia política, mayor violencia), sino que la violencia política tiene una dinámica y un curso propios, a pesar de los comicios y no en función de éstos.
Debe recordarse que el “protejo, luego obligo” es el “pienso, luego existo” del Estado, máxima que está totalmente presente en las mentes y en el quehacer de quienes defendemos la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.
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