LA REFORMA ELÉCTRICA
Por: Arturo Nahle García
En octubre del 2013 se aprobó la reforma constitucional que abrió el
mercado de generación de energía eléctrica pero sin que el Estado
perdiera la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la
exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio
público indispensable.
Esta reforma pretendía que el sistema eléctrico nacional estuviera
impulsado conjuntamente por la CFE y particulares bajo la conducción
del Estado para reducir costos, elevar la productividad y eficiencia del
sistema eléctrico y disminuir las tarifas.
También se eliminaron limitaciones a las energías renovables a gran
escala mediante un mercado administrado por el Estado.
Como consecuencia de esta reforma constitucional, en agosto del
2014 Peña Nieto publicó la nueva Ley de la Industria Eléctrica que
obliga a la CFE a comprar la energía a través de subastas y luego
despacharla con un criterio eminentemente económico: primero las
energías renovables que aparentemente son más baratas pero son
intermitentes, y después las de la CFE que no son intermitentes sino
firmes y garantizan la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico
nacional.
Esta ley colocó en total desventaja a la CFE, que es una empresa de
todos los mexicanos, provee energía eléctrica a 45 millones de
clientes y cada año se incorpora un millón más.
Pues a principios de año se aprobaron reformas a esta Ley para
eliminar la obligación que tiene la CFE de comprar la energía a través
de subastas, modificar la jerarquización del despacho de las centrales
eléctricas, revisar la legalidad y rentabilidad de contratos y revocar
permisos supuestamente fraudulentos otorgados por la CRE.
Con esta reforma se despacharía primero la energía limpia producida
por las hidroeléctricas de la CFE, después la energía generada en las
plantas nucleares, geotérmicas, termoeléctricas y de ciclo combinado
de la CFE (estas energías deben despacharse primero porque su
generación no puede disminuirse ni interrumpirse), posteriormente la
energía eólica, la solar y la producida en plantas de Ciclo Combinados
de empresas privadas.
Y es que el no despacho de la energía producida por la CFE le genera
enormes pérdidas, por otro lado las energías renovables son
aparentemente más baratas porque no se les agregan los llamados
Servicios Conexos que provee la CFE, o sea tienen un subsidio
encubierto.
Contra estas nuevas disposiciones obviamente las grandes
trasnacionales interpusieron amparos argumentando que violan la
Constitución, pues López Obrador ya propuso reformar la Constitución
y de una vez incluir al Litio como mineral estratégico propiedad de la
Nación, entre otras cosas. No está mal, pero le faltan votos.
