No repetir la historia

Ricardo Monreal*
No repetir la historia

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana enunció la frase: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”, la cual aparece sobre la entrada del bloque número 4 del campo de exterminio nazi de Auschwitz.
Entender la historia y la naturaleza de los sucesos a través del tiempo permite no sólo conocer el porqué, sino también anticipar el cómo se tienen que hacer u omitir determinadas cosas, si se pretende obtener resultados positivos específicos.
Friedrich Hegel afirmó que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, y Karl Marx agregó que éstos lo hacen algunas veces como tragedia y otras como farsa.
En 1789, el pueblo francés puso fin al régimen totalitario de Luis XVI a quien dieron muerte en la guillotina, con lo cual se dio por concluida una fase determinante del que se considera uno de los movimientos sociales de mayor alcance en Occidente durante el último milenio: la Revolución francesa.
El nacimiento de derechos individuales concebidos en aquel momento como libertades, se reconoció en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; el importante cambio de paradigma a nivel jurídico institucional nacido de esa revolución preparó el camino para que los florecientes Estados nacionales se consolidaran durante el siglo XIX.
No obstante, en Francia, luego del triunfo sobre la monarquía absolutista, en los albores del siglo XIX se erigió el imperio de Napoleón Bonaparte, el cual se extendió por toda Europa y cuyo poderío puso en jaque al reino español, permitiendo así, posteriormente, la revolución de Independencia en el territorio novohispano y su emancipación de la Corona.
En México, la lucha armada por lograr la independencia duró aproximadamente 11 años, luego de lo cual se erigió un imperio, que tuvo la efímera duración de casi nueve meses, para después dar paso al nacimiento de un sistema republicano federado.
El mayor problema entre las alas conservadora y liberal que combatían para dirigir el curso de la nueva nación fue imponer un modelo político centralista o federado; por ello, en México se desató una profunda crisis de gobernabilidad que duró 40 años.
Después de la Intervención francesa, que dio pie al surgimiento del Segundo Imperio mexicano, de la mano de Maximiliano de Habsburgo, la restauración de la república por parte del ala liberal comandada por Benito Juárez procuró establecer los cambios estructurales necesarios para estabilizar, con aproximadamente cincuenta años de atraso, la conformación del Estado mexicano. No obstante, esta premisa no incluía de manera práctica la consolidación de un sistema político democrático en el país.
En 1871, Porfirio Díaz, quien había peleado en contra de los invasores franceses en diferentes puntos del suroeste mexicano, se alzó en la llamada Revolución de la Noria, con el propósito de impedir la reelección de Benito Juárez al frente del Poder Ejecutivo Federal. Díaz fracasó y Juárez ocupó nuevamente la Presidencia de la República, hasta que la muerte lo sorprendió un año después.
Luego de haber centrado su pugna contra Juárez en la no reelección, el 5 de mayo de 1877 Díaz arribó al poder, en el que, paradójicamente, permaneció más de 30 años.
En 1910, tras una serie de sucesos, Francisco I. Madero se lanzó en una campaña que clamaba por la democratización del país; “Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema que utilizó durante su recorrido por las ciudades del país. Con la negativa del porfirismo de entregar el mando de la nación, así como la reelección de Díaz en 1910, comenzó la Revolución mexicana, movimiento social armado que, en primera instancia, buscó el fin de la dictadura y lograr la justicia social.
La Revolución dio un fruto muy importante: la redacción de la Constitución de 1917, que estableció la promoción y protección de los derechos sociales desde el seno mismo del Estado mexicano. Sin embargo, al término del conflicto armado, ocurrió un fenómeno muy peculiar en la historia política de nuestro país, que fue el corporativismo.
El partido de Estado creado por Plutarco Elías Calles se asumió como el heredero ideológico de las aspiraciones sociales, políticas y económicas emanadas del conflicto armado que detonó el 20 de noviembre de 1910, y se mantuvo en el poder setenta años.
México no experimentó los matices de una real vida democrática sino hasta 1997, cuando la Cámara de Diputados federal dejó de tener mayorías calificadas, lo cual anunció, en el año 2000, la transición en el Poder Ejecutivo federal por primera vez mediante el sufragio popular.
No obstante, en lugar de generar cambios importantes en la política nacional, la alternancia encumbró el gatopardismo —el cambio de siglas en el poder, sin un cambio real de régimen—, lo cual llevó a nuestro país a involucrarse en una de las crisis sociales más profundas de las que tengamos memoria en fechas recientes.
En el 2018, la nación experimentó un verdadero ejercicio democrático, en el que más de la mitad de la ciudadanía que acudió a las urnas dio su voto de confianza por una alternativa que venía pujando desde hacía largo tiempo. Hoy, el auténtico cambio, aunque accidentado por la irrupción de la pandemia, se ha estado verificando.
La historia de nuestro país ha demostrado que, una y otra vez, grupos e individuos consideraron la perpetuación en el poder como un factor necesario para lograr la consecución de una visión a largo plazo, impidiendo, en la medida de lo posible, un real ejercicio democrático.
Si en nuestra actual coyuntura en el partido oficial no existe la sensibilidad o la conciencia sobre el riesgo que se corre al ignorar los ejemplos históricos, se podrían repetir las lamentables prácticas antidemocráticas que empañaron nuestro pasado.
Es momento de dar cauce a nuevos procesos democráticos, permitiendo que las reglas del juego sean claras y, sobre todo, que se cumplan sin buscar beneficiar a nadie en lo particular.
La construcción democrática de México requiere un compromiso profundo de los diferentes órdenes de gobierno, de la ciudadanía y organizaciones sociales. Sin embargo, los partidos políticos, como instituciones de interés público, aon uno de los principales factores para canalizar las demandas de democratización y medir la calidad o la salud de nuestro sistema. De ahí la importancia de sus procesos internos y la congruencia con sus principios.