Derecho a la seguridad pública.
Por: Jenny González Arenas*.
Voy a omitir fechas de acontecimientos o datos que han sido ampliamente difundidos en medios de comunicación, no por miedo, sino por que la intención de las siguientes líneas es generar un análisis un tanto académico de lo que implica el derecho humano a la seguridad pública que se ha perdido en nuestra entidad y en nuestra nación.
No es la intención llevar el debate a la nota roja, ni mucho menos caer en el amarillismo o desprestigio de tales o cuales autoridades, simplemente generar un poco de conciencia ciudadana sobre los alcances de este derecho y como es que el Estado ha fallado en garantizarlo.
En primer lugar, debemos partir de la definición de seguridad ciudadana, que implica, según la real academia española, la situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público.
De lo anterior se desprenden varios elementos; a) la situación de tranquilidad; b) que esa situación se da en el orden público; c) que apareja el libre ejercicio de los derechos individuales; d) y que su efectiva protección está encomendada a las fuerzas de orden público.
Esos elementos, abordados en el orden en el que aparecen en la definición se presentan, dejan perfectamente establecido el bien jurídico tutelado que es la tranquilidad de la persona en los espacios públicos. Bajo esta tesitura, es necesario recordar el concepto de verticalidad y horizontalidad de los derechos humanos, porque es a partir de esas dos vertientes que debemos analizar el derecho a la seguridad ciudadana o seguridad pública.
La verticalidad de los derechos humanos implica que hay una relación gobernante – gobernado, de poder público – ciudadano, de ente titular de mecanismos de control (Estado) y sujeto sometido a los mecanismos de control (población). Bajo estas premisas, implica que los derechos humanos son violentados por una figura de autoridad, frente a la cual es necesario poner un freno a su ejercicio autoritario de poder y ese freno lo van a constituir los Derechos Humanos.
Cuando hablamos de horizontalidad de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a que los particulares se encuentran en una situación de igualdad frente a si mismos y que uno de ellos violenta los derechos de otro, ante eso, pudiéramos decir que estamos ante la presencia de un delito, sin embargo, no todas las conductas que comete un particular en contra de otro se encuentran tipificadas como delito, pero si puede constituir la violación a un derecho humano. Pero también es necesario recalcar que ante los actos que constituyen una violación a derechos humanos entre particulares, el Estado tiene la obligación de intervenir para salvaguardar el ejercicio pleno de los Derechos humanos de todas las personas. Por lo que la horizontalidad de los derechos humanos, además de ampliar el espectro de sujetos que pueden ser acusados por la violación a derechos humanos, amplía el margen de acción Estatal para que garantice que entre los particulares tampoco se violenten los derechos humanos.
La seguridad pública se violenta, por que el orden público se altera y en lugares en donde se incrementa considerablemente el índice de violencia y delincuencia podemos estar ante una alteración de la situación de tranquilidad publica, que limita el libre ejercicio de los derechos de las personas, porque indirectamente si afecta la libre circulación en cualquier horario o por cualquier sector de las ciudades o las comunidades, se modifican los patrones de consumo y conductas de las personas para no ser víctimas de la delincuencia y, en ocasiones, hasta lo que pudiera parecer una situación tan cotidiana y familiar como un partido infantil de futbol, se vuelve una actividad que no se realiza por el temor a ser víctima de la violencia y/o la delincuencia.
Es ahí donde el Estado falla al momento de controlar la delincuencia, y al no garantizar la protección de la ciudadanía a través de las fuerzas de orden público, no solo hablamos de una violación horizontal sino de una violación vertical a derechos humanos por la omisión de las autoridades encargadas de resguardar la seguridad ciudadana.
Pero eso es solo una pequeña reflexión en una entidad en la que hace 20 años era de las más seguras del país y ahora se ha convertido en una de las más inseguras. er.
*Docente Universitaria e Investigadora UAZ
