Corrupción legal.
Por: Jenny González Arenas
No, no es una contradicción, es una triste realidad. No se trata de legalizar la corrupción ni mucho menos, se trata de una interpetación de la ley viciada por el encargado de aplicarla.
En fechas recientes se habla en todos los escenarios posibles del combate a la corrupción, es un tema, por decirlo de alguna manera, de moda. Pero no es nada nuevo, por el contrario, es un tema tan antiguo que hay incluso quienes hablan de la cultura de la corrupción, – aquí es preciso hacer un parentesis, puesto que para que algo se gane el mote de cultura, tiene que ser conocimiento, tradición, cotumbre, ideas y la corrupción de cultura no tiene nada, mas bien le podremos llamar vicio – pero independientemente de la antigüedad de la conducta, es preciso que se lleven a cabo estrategias especialmente diseñadas para combatir esta antigua práctica que daña tanto a la sociedad.
Pero para poder diseñar esas estrategias, es necesario que entendamos el concepto y lo desentrañemos desde lo más profundo, de tal forma que podamos analizar de manera adecuada que es lo que provoca la corrupción para saber como combatirla.
Por eso ahora dedicaremos estas líneas a la corrupción legal, que es el tipo de actos en los que un funcionario o servidor público obtiene beneficio personal haciendo lo que la ley le permite hacer.
En este tipo de casos, el agente del Estado conoce los límites de la ley, sabe cuales son sus funciones y las desempeña sin violentar lo que la norma le permite. Entonces ¿dónde está el acto de corrupción? Pues en hacer lo que la ley le obliga a hacer pero acelerando el proceso, otorgando ayuda adicional, avanzando su trámite o de cualquier otra forma que, sin quebrantar la norma, le permita poder obtener un lucro personal que se puede traducir en dinero o en algún otro beneficio.
En este tipo de casos, tenemos dos responsables, tanto el ciudadano que propicia el acto como el funcionario que accede y, a sabiendas de que lo que está haciendo está dentro del marco de sus funciones, aprovecha la situación y se beneficia de ella.
Sin importar quien propone inicialmente el acto de corrupción, si el ciudadano o el servidor público, ambos son igualmente responsables. Pero el problema no inicia ni termina ahí, puesto que hay una situación que siempre tenemos que tener presente, que es la ley. El funcionario se ampara en que esta cumpliendo con lo que le dice la ley, que no hizo nada fuera del marco de la ley, mientras que el ciudadano argumenta exactamente lo mismo.
Bajo esos argumentos que tienen razón procede entonces llevar a cabo un análisis legislativo integral, exhaustivo, completo y apegado a la realidad, de tal forma que el texto de la ley sea claro y no deje espacios para este tipo de actos que, considerados legales son, de una u otra manera, actos de corrupción que deben ser sancionados acorde al daño causado a la sociedad.
Podrán pensar que porque al daño causado a la sociedad si el acto puede que no sea de trascendencia a la comunidad, sino un trámite particular, pero no podemos perder de vista que los funcionarios o servidores públicos tienen que cumplir funciones que beneficien a la sociedad en su conjunto, puesto que representan los intereses institucionales e incluso a un gobierno electo democráticamente, por lo que si un funcionario realiza un acto de corrupción, aunque dicho acto se encuentre dentro de los límites de la ley, el perjuicio se genera para toda la comunidad, porque está actuando con envestidura pública no a titulo personal y esa envestidura pública es el gobierno y es también el pueblo como poder soberano.
Es justo aquí donde cabe la afirmación de que no por ser legal es correcto y no por estar en la ley es justo.
