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Divagaciones de la Manzana

Las Patadas de un nuevo ahogado

Martha Chapa

De nueva cuenta, el tema de la libertad de expresión reaparece candente, por el señalamiento del Parlamento Europeo de que debe atenderse más y mejor el problema de la violencia contra los periodistas mexicanos.
Amenazas y muertes contra el gremio, se han eslabonado en el gobierno de López Obrador con incrementos propios de “Tiempos de Guerra”, que son en verdad muy indignantes y de condición urgente a fin de contenerlos en el plazo inmediato y disminuirlos drásticamente.
Una atmósfera de tragedia y muerte que no sólo se circunscribe a estadísticas fatales, sino como lo señalan en su documento los parlamentarios de Europa, se deben también a la agresión y hostilidad que parte recurrentemente del presidente López Obrador contra periodistas y medios de comunicación, en sus llamadas conferencias mañaneras.
Pronunciamiento que provocó airadas respuestas del gobierno mexicano, mismo que ha sido severamente cuestionado en los más diferentes ámbitos del país, por su pedestre argumentación, tono panfletario y grosero estilo, tan lejanos a una postura digna y de elementales formas diplomáticas.
Es evidente, que el Parlamento Europeo está en todo su derecho de expresarse con ese vigor y claridad, pues México ha suscrito acuerdos internacionales en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión, así como a externar criterios o críticas a fin de que sean fortalecidos cuando estén en riesgo, de tal manera que no pueden ser acusados de injerencistas.
Por su parte, también el gobierno mexicano tiene derecho de réplica, pero de tal manera que no se niegue la realidad ni menos aún que se responda con estridencias pendencieras y del más bajo nivel discursivo.
Aquí, y ahora allá en el ámbito internacional, queda claro que en México se registran los índices más altos de violencia contra periodistas en el mundo, lo cual es una vergüenza Nacional, además de que es indicativa de la ausencia de estrategias e ineptitud del Sistema de Seguridad Pública, que paradójicamente encabeza una ex reportera, Rosa Isela Rodríguez, tan indiferente, inepta e incapaz de defender a los que suponemos especialmente son o eran de su gremio, sin detrimento de brindarle la misma protección a todos los mexicanos, tal como lo manifiesta nuestra Constitución Política.
Escandaloso resulta a la vez, que en las instancias de los diferentes órganos de gobierno, —se trate de gobernadores o incluso de diputados y senadores, que son supuestamente nuestros representantes, afiliados en su conjunto a MORENA, y lejos de pugnar porque se afinen y establezcan políticas públicas acertadas para combatir a los carteles criminales y salvar de sus terribles dentelladas a quienes ejercen el periodismo con independencia y valentía civil—, se presten a ser cómplices por omisión y comisión.
Por su parte, el presidente López Obrador debería estar sumamente preocupado y mostrar al menos solidaridad, principalmente eficiencia para librar a los periodistas de tantos peligros y asesinatos.
Sigue entonces generalizada la inseguridad pública manteniéndose como una constante funesta que no se detiene y arrasa con la tranquilidad y muchas veces con la vida de miles de mexicanos, entre ellos señaladamente hombres y mujeres del periodismo, que ameritadamente señalan la complicidad de políticos y gobernantes con las bandas criminales.
Resultados decepcionantes, entre otros rubros, que se agravan conforme avanza el sexenio y se reduce el tiempo para solucionarlos y dar respuestas institucionales creíbles y eficaces, frente a tan compleja problemática, que de no menguar derivará en un juicio popular condenando al régimen actual como uno de los peores gobiernos de nuestra historia contemporánea.

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