Un día histórico para la democracia en México: 10 de abril

Ricardo Monreal Ávila*

La democracia fue inherente a la consolidación y el encumbramiento de los Estados nacionales modernos en Occidente; difícilmente podríamos entenderlos de manera separada en la actualidad, ya que uno es precondición del otro.
La libertad, como principio fundamental en la construcción de los sistemas políticos de la actualidad, fue un importante aliciente que motivó el desarrollo de los modernos sistemas jurídicos, los cuales se abocaron a reconocerla y defenderla.
La Revolución Industrial, por otro lado, significó un parteaguas para el desarrollo del sistema capitalista, y fue necesaria la implementación de ciertas garantías políticas para establecer un régimen de libre empresa y de libre comercio, redundando en un entramado jurídico que privilegia la propiedad privada desde el seno mismo del Estado y sus instituciones.
La transición del feudalismo hacia el capitalismo implicó cambios filosóficos, políticos, jurídicos, sociales, económicos, culturales e incluso morales, que siguen vigentes a más de cinco siglos de haberse iniciado el proceso de cambio sistémico, que Marx identificaría en su teoría como la superestructura.
La democracia, como se ha venido mencionando, responde precisamente a esas necesidades de cambio y al derecho a la igualdad —cuando menos jurídica—, que tiene la ciudadanía, sin importar su condición social o económica, frente a las instituciones del Estado.
Lo innovador de los sistemas democráticos contemporáneos estribaba precisamente en dar la oportunidad a toda la ciudadanía de una sociedad de poder elegir a sus representantes, así como permitir su participación en las decisiones gubernamentales con mayor impacto social.
Desde la perspectiva crítica al capitalismo, tal noción de igualdad palidece ante la brecha de desigualdad que sigue respondiendo a las leyes del mercado; sin embargo, la sola igualdad jurídica ha tenido importantes alcances, como garantizar el mismo valor del voto de cualquier persona, sin importar su estrato social o económico, así como el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
En Francia, a finales del siglo XVIII, se comenzaron a establecer las bases para la construcción de un sistema político democrático. Unos años antes, en 1776, cuando Estados Unidos conquistó su independencia adoptó una forma de gobierno representativa, republicana y de carácter popular. Con base en el principio de división de poderes, el sistema político de esa nación privilegió al Poder Ejecutivo sobre los otros dos, con lo cual se dio paso al nacimiento del sistema presidencialista.
México, al consumar su independencia, y después de pasar por una monarquía de sólo algunos meses, decidió establecer un sistema político semejante al del vecino país del norte, por lo que la figura presidencial es, igualmente, la de mayor relevancia política al interior de las instituciones del Estado.
Sobre el Ejecutivo recae, en cierto sentido, el mayor peso de las decisiones en cuanto a la conducción del país y, de acuerdo con las propuestas enarboladas por el presidente de la República, el Poder Legislativo puede acompañarlas desde el ámbito de su competencia o puede erigirse como un contrapeso, acotando su rango de acción, en la medida de sus facultades.
De la misma manera, el Poder Judicial se encargará de impartir justicia y de mediar en la relación entre los otros dos poderes, evitando o sorteando las discordancias jurídicas que puedan entorpecer el óptimo funcionamiento del Estado.
En este sentido, la democracia mexicana está a punto de dar un vuelco muy importante: el actual presidente de la República ha impulsado, incluso antes de ser elegido por las mexicanas y los mexicanos como jefe de Estado, la necesidad de pasar de una democracia exclusivamente representativa o electoral, a una participativa y directa.
Desde la visión de quienes promovemos la 4T, estamos frente a un momento idóneo en el que se puede cambiar el paradigma del ejercicio democrático, en consonancia con los cambios políticos y sociales que el siglo XXI nos exige, sobre todo a las clases políticas, que en el pasado estaban acostumbradas a recordar a la ciudadanía sólo en tiempo electorales.
El cambio en el paradigma de la información, propiciado por el auge de las nuevas tecnologías, también orilla a platear cambios profundos en la cultura política de los diferentes países y a repensar obligadamente las formas en que se ejerce la democracia, si es que se quiere responder adecuadamente al momento histórico por el que está atravesando la aldea global.
La participación ciudadana en el futuro inmediato estará marcada por los diversos mecanismos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el presupuesto participativo y la revocación de mandato. La oposición, reacia a estos cambios, ve en ellos una amenaza, ya que implican una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las personas servidoras públicas.
Toca, pues, a la ciudadanía libre de nuestro país volver a salir a las urnas para expresar cuál es su opinión y su sentir con respecto al actual jefe de Estado mexicano.
Por primera vez, la figura más importante del sistema político nacional se someterá al escrutinio público y se dispondrá a recibir el veredicto, el cual podría ser la continuación de su mandato para concluir el periodo constitucional de seis años, o el fin de su gobierno de manera anticipada.
El próximo 10 de abril será un día histórico para la democracia en México.