Encantos y desencantos de la democracia legislativa

Ricardo Monreal Ávila*

El compromiso de quienes promovemos la 4T es hacer de México un país democrático, caracterizado por el respeto irrestricto de la diversidad de opiniones o visiones, aun cuando éstas se opongan abiertamente al beneficio colectivo y pretendan priorizar intereses particulares o de grupo.
El domingo y el lunes pasados, la Cámara Baja del Congreso de la Unión tuvo una intensa actividad legislativa, debido a que se discutió y votó uno de los temas más importantes para el Gobierno de México: la reforma constitucional en materia eléctrica.
La Presidencia de la República considera a la regulación de la producción y distribución de la energía eléctrica, al igual que su generación, como uno de los temas más importantes en el presente sexenio, debido a la ruinosa situación en que las pasadas administraciones dejaron al sector energético del país, sobre todo a partir de la reforma en la materia, presentada en 2013 en el Congreso, cuya aprobación creó un campo de ambigüedad jurídica, abriendo el mercado a los privados, con el argumento de atraer mayor inversión y detonar el desarrollo en el sector.
Sin embargo, la participación de la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, se vio claramente disminuida en distintos rubros, perfilando con ello su desmantelamiento, como preludio de su desaparición total y la privatización, lo que ya se distingue como el modus operandi de la aplicación del neoliberalismo en México.
Limitar la participación del Estado mexicano en la industria ha implicado para éste un acelerado proceso de adelgazamiento; en menos de dos décadas se extinguieron la mayor parte de las empresas administradas por el Gobierno federal, subsistiendo dos de carácter fundamental: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El sector, pues, se abrió a la inversión privada nacional y extranjera, con la promesa de que el costo de los energéticos se reduciría, lo cual no se llegó a cumplir; por el contrario, hubo un encarecimiento considerable, por lo que en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 (plataforma electoral y de gobierno de la 4T, presentada por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador) se propuso recuperar la rectoría del Estado en el sector energético, y esto fue uno de los puntos que ganaron la aprobación de la gente rumbo a los comicios de 2018.
En seguimiento de ello, el actual titular del Ejecutivo federal envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Constitución de nuestro país, en aras de reforzar la participación del Estado en sectores estratégicos, para que la CFE tuviera preeminencia sobre el capital privado en la generación y distribución de energía eléctrica.
Las modificaciones constitucionales para tal efecto se votaron el domingo pasado, en una sesión que duró más de doce horas. La oposición decidió no apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica proveniente de Palacio Nacional, por razones no necesariamente técnicas. No fue posible concretar los acuerdos necesarios para lograr el número de votos suficientes para su aprobación, lo cual es totalmente natural en el ejercicio democrático.
El proceso legislativo llevado a cabo en la Cámara de Diputados federal el fin de semana pasado es muestra palpable de que el sistema de pesos y contrapesos funciona en el esquema de división de poderes que nos rige en este país, lo cual es motivo de satisfacción, más allá de lo desfavorable de los resultados de la votación.
Para la oposición, el hecho de que la reforma eléctrica no haya sido avalada en San Lázaro constituyó un triunfo sobre el Gobierno de la 4T; sin embargo, el resultado evidenció la solidez de la democracia al interior del recinto legislativo, a diferencia de lo que ocurrió en el viejo régimen, por ejemplo, con la aprobación de la reforma energética de 2013, que implicó a legisladores en casos de presunta corrupción por recibir sobornos para otorgar su voto a favor.
Ante este panorama, el presidente de la República presentó otra iniciativa, ahora para reformar la Ley Minera, con el objetivo de nacionalizar el litio, un metal estratégico para la transición energética hacia modelos más sustentables.
Y aunque fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ya que sólo requería de la mayoría simple, conformada por MORENA y sus aliados, en la Cámara Baja tampoco contó con el respaldo de las fuerzas opositoras, mientras que en la Cámara Alta hubo senadoras y senadores de oposición que apoyaron la iniciativa en la votación en lo general, pero en lo particular se pronunciaron en contra, debido a que las reservas que propusieron no fueron aprobadas.
El resultado legislativo es que se logró acompañar la decisión del Gobierno federal para nacionalizar el litio, una acción necesaria para mejorar el bienestar de la nación.
Al hacer un balance del escenario político actual, se puede observar que, si bien es cierto que las fuerzas de oposición lograron frenar la iniciativa de reforma constitucional del presidente, con ello también se hizo público el desinterés de éstas respecto al clamor de millones de mexicanas y mexicanos que demandan un sector energético competitivo, eficiente y con sentido social.

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