Ricardo Monreal Ávila*
AMLO-Biden
Las relaciones entre México y Estados Unidos han sido fundamentales desde que el nuestro se conformó como país independiente; pero, si bien actualmente son de carácter cordial, no están exentas de contingencias y referencias históricas que las tornan un tanto comprometidas, debido, sobre todo, a los intereses de influencia regional que el propio vecino del norte se adjudicó y que promovió desde el siglo XIX hasta la fecha.
Sus intereses regionales dieron paso a su particular expansionismo territorial, a partir del cual se le cercenó a nuestro país más de la mitad del territorio hacia el norte, y dieron cabida a una reiterada labor de observación y, en ocasiones, de intromisión, para tratar de influir decisivamente en la política interna mexicana.
Por ello, los Gobiernos mexicanos, al paso del tiempo, se han visto en la necesidad de plantear estrategias diplomáticas para tender relaciones cordiales y de cooperación con el vecino norteño. Tras la invasión estadounidense de 1846 a 1848, los problemas entre ambas naciones se resolvieron siempre mediante el diálogo, sin acudir al conflicto bélico, exceptuando el desembarco de tropas de EUA en aguas veracruzanas en plena Revolución mexicana.
Los Gobiernos estadounidenses han monitoreado a nuestro país auspiciados por los intereses económicos privados, presentes hace mucho tiempo en suelo mexicano. Recuérdese la situación que prendió los focos en la Unión Americana a finales de la década de los treinta, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río: la expropiación del petróleo, concebido éste en el siglo XX como un recurso energético estratégico para el desarrollo de un país.
El alegato se centró en los derechos que los privados estadounidenses reclamaban para explotar el hidrocarburo, versus el beneficio y la utilidad pública señalados por el Gobierno del presidente Cárdenas, pero finalmente EUA aceptó la indemnización de sus connacionales por parte de México, ante la expropiación de la industria petrolera, en marzo de 1938.
Por aproximadamente 80 años, el Estado mexicano tuvo el total control de lo concerniente a la actividad energética, sin soslayar la presión de que fue objeto por parte de organismos financieros internacionales para quitar los candados legales y permitir nuevamente la injerencia de capital privado en el sector, lo que ocurrió en 2013.
Estados Unidos procuró mantener su influencia en Latinoamérica, a través de la intervención directa o indirecta; a veces militarmente o mediante el bloqueo económico y la presión diplomática. En cualquier escenario, nuestro país se pronunció por el respeto a la libre determinación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, apelando al diálogo como la única vía aceptable para resolver las diferencias entre las naciones; de ahí su posición neutra en el conflicto que hoy se lleva a cabo en Europa del Este.
Después de ciertos pasajes ríspidos, las relaciones entre México y EUA se volvieron más estrechas cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994.
Las relaciones comerciales binacionales permitieron un flujo acelerado de mercancías, y también la llegada a México de empresas transnacionales en condiciones desiguales, lo que ocasionó, por ejemplo, el cierre de múltiples negocios, así como la caída de la producción en el campo, ya que los pequeños o medianos productores nacionales no pudieron competir con sus pares estadounidenses, a quienes su Gobierno beneficia con altos subsidios.
La actividad superindustrializada de la economía estadounidense la volvió un polo de atracción para la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida para miles de personas que en sus países de origen no los encontraron. Así, México ha expulsado una cantidad importante de trabajadoras y trabajadores hacia EUA, que buscan insertarse en las mismas actividades económicas que desempeñaban en sus lugares de origen.
Esto provocó uno de los problemas de migración más importantes de la historia reciente. La expansión económica de EUA originó la demanda de mano de obra barata, necesidad satisfecha casi naturalmente con la intempestiva llegada de migrantes de varias naciones latinoamericanas.
No obstante, ante la falta de reglas formales para regularizar su estadía, la cuestión migratoria ha sido un tema recurrente en la agenda política de los últimos Gobiernos estadounidenses, que aún no encuentra solución.
Hoy, las relaciones con Estados Unidos, que fueron bastante tensas durante la administración del republicano Donald Trump, son más cordiales con el Gobierno del presidente Joe Biden.
En esta coyuntura, la esperada reunión entre los mandatarios de ambos países tuvo lugar en Washington. La agenda del presidente mexicano contempla como uno de sus puntos más importantes el problema migratorio, así como temas de desarrollo, seguridad alimentaria e inversión en infraestructura. Por su parte, su homólogo estadounidense mantiene como prioridades asuntos de seguridad, energías limpias y supervisión del T-MEC.
La reunión se da en el contexto de la guerra en Ucrania; de las múltiples oleadas de la pandemia de COVID-19; de la desestabilización de los mercados financieros y el aumento de los índices inflacionarios, cuyos efectos traerán consigo una reconfiguración del mundo en el corto y mediano plazos.
El trato entre iguales es la característica del encuentro. Para lograr objetivos conjuntos, ambos Gobiernos están obligados a ceñirse a un diálogo franco, abierto y respetuoso; en el tema de seguridad, por ejemplo, la escalada de violencia que se vive en la frontera norte demanda serios debates.
Por otro lado, las recientes masacres en ciudades estadounidenses hacen palpable la urgente necesidad de generar una política de control de armas. México ha sido enfático en solicitarlo, ante el tráfico indiscriminado y sus atroces consecuencias en nuestras comunidades, punto que se retoma en la agenda del presidente López Obrador, además de los relacionados con las visas económicas y el plan contra la inflación.
Se espera que el encuentro sea productivo y anuncie una nueva era en las relaciones bilaterales, que se prevén más amistosas, con trato igualitario, sin imposiciones o injerencias de ningún tipo.
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