Ricardo Monreal Ávila*
Presión y negociación energética
En la jerga de las discusiones recientes, en las que la oposición en México ha intentado atacar al Gobierno de la 4T, se encuentra la constante aseveración de que la actual administración federal es retrógrada, al impedir el libre desarrollo de energías alternativas por parte de privados nacionales y extranjeros.
Lo que estas voces callan es que el interés de fondo consiste en permitir al capital privado, mexicano y foráneo, meter la mano sin restricciones de ningún tipo en todo lo que tenga que ver con el tema energético.
Curiosamente, en fechas recientes una noticia sacudió a todos los medios: Europa vuelve al carbón; Alemania, Austria y Francia anunciaron la semana pasada que, debido a la situación ocasionada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, al corte de suministro de gas natural ruso y a la caída del valor del euro por debajo del dólar estadounidense, se tomó la decisión de regresar a la generación de energía a partir de carbón, para enfrentar, entre otros desafíos, la llegada de la temporada invernal.
Las economías superindustrializadas de todo el mundo, desventuradamente, siguen dependiendo de fuentes de energía como el petróleo y el gas natural; en prácticamente todos sus procesos de producción, transportación y comercialización de bienes de consumo la presencia de estos insumos es altamente significativa.
Aunque el conflicto Rusia-Ucrania y la caída de la divisa de la Unión Europea renovaron la insistencia de Estados Unidos y Canadá para ejercer presión sobre la nueva política energética que fortalece nuestra soberanía, el problema fundamental de la pugna por los hidrocarburos se remonta al 18 de marzo de 1838, cuando el presidente Lázaro Cárdenas consumó la expropiación petrolera, que significó el cierre de la llave que permitía la ordeña de la riqueza energética de México.
A lo largo de los años, el capital privado —principalmente el estadounidense— dedicó muchos de sus esfuerzos para lograr quitar el candado constitucional que permitía el monopolio del Estado sobre los recursos petrolíferos. El Fondo Monetario Internacional fue una de las piezas clave para que esto se pudiera conseguir en nuestro país, ya que el financiamiento de parte de esta institución ha estado condicionado a que el Gobierno mexicano retire su participación y control directo de los recursos energéticos, auspiciando la intervención del capital privado nacional o extranjero.
La insistencia de los vecinos del norte y la presión internacional alcanzaron su cenit en la reforma energética llevada a cabo durante la pasada administración, en 2014. En forma disfrazada se quitaron los candados constitucionales para que, además del Estado, se diera un rango de participación al capital privado en cuanto a la extracción, producción y comercialización del llamado oro negro mexicano y de sus derivados.
En 2018, cuando la pasada administración del Gobierno de la República propuso al entonces mandatario estadounidense Donald Trump establecer un capítulo energético en el T-MEC, analistas y personajes de la política en ambos países interpretaron la acción como un inusitado servilismo, el cual pretendió entregar en bandeja de plata la industria petrolera mexicana. La pregunta que saltó en su momento fue ¿a cambio de qué?, pero hasta la fecha, los pormenores de esa desafortunada proposición aún no se conocen.
Con el arribo del Gobierno actual se detuvo la entrega de los recursos estratégicos del Estado, y en lugar de incluir aquel capítulo energético en la negociación del T-MEC se estipuló, en el capítulo 8, que los recursos del suelo y del subsuelo mexicanos son propiedad imprescriptible de la nación. En concordancia con ello, el Gobierno de la 4T reformó la Ley de la Industria Eléctrica, para asignar la compra de gas natural exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad; para establecer la revisión de la distribución de combustibles por particulares, y para cancelar el autoabasto eléctrico de privados, entre otras razones, porque abusaban de la red de CFE sin costo alguno.
Recientemente, los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá alegaron que la nueva política energética está violando el T-MEC en lo relativo al capítulo en la materia. La revisión del acuerdo y la presión que se ejercerá de parte de los vecinos del norte con el objetivo de buscar beneficios para el empresariado de sus países está anunciada; por otro lado, la mesa para el diálogo y la resolución de controversias fue dispuesta por parte del Gobierno mexicano.
México, como país soberano, tiene el derecho de decidir por sí mismo con respecto a sus propios recursos naturales o energéticos, sin necesidad de someterlo al consenso de terceros. De ahí la firme posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que no se ha violado ningún apartado del T-MEC.
La revisión de esta situación estará enmarcada en el contexto de las vísperas de los procesos electorales para la renovación presidencial de México y Estados Unidos, y por la crisis energética de Europa, que presiona a nuestro vecino del norte a contar con el suministro petrolífero para garantizar el funcionamiento de la industria, sobre todo cuando hay voces augurando una recesión en su economía para el año 2023.
Estamos frente a un escenario altamente complejo; situación que exige la adecuada utilización de nuestros recursos estratégicos y la defensa de nuestra soberanía.
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