Divagaciones de la Manzana
Leyes y justicia
Martha Chapa
La prevalencia de la prisión preventiva oficiosa ha ensanchado aún más la ya de por si gran zanja del desencanto e inconformidad hacia el gobierno de López Obrador.
En el debate público parecía que se habían impuesto los argumentos para suprimirla, no sólo porque se desconocía la presunción de inocencia que debiera mediar en cada acusación que se haga sobre el cometido de un delito, sino para neutralizar el poderío del Ejecutivo y sus amenazas frente a adversarios y disidentes.
Por igual, el presidente parecía ser el más interesado en mantenerla, pretextando que los delincuentes escaparían más fácilmente de la justicia y por ende la imposibilidad de qué bajaran los índices delictivos, autojustificándose anticipadamente. Y ejercer presiones evidentes, proferir insultos y acusaciones, sin dar una vez más nombres y pruebas contra jueces e integrantes del Poder Judicial, incluidos desde luego los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a quienes sobajó como si fueran sus subordinados y así también arguyendo que la supresión de un artículo constitucional, es facultad exclusiva del Poder Legislativo.
A la vez, emerge de nueva cuenta la realidad de todos los días de miles de ciudadanos que permanecen indebidamente en las cárceles mientras se desarrollan sus procesos, así como las múltiples denuncias de partidos políticos y organizaciones ciudadanas del uso y abuso de esta modalidad por parte del gobierno actual para disuadir a quien ose criticar u oponerse a los autoritarios designios presidenciales.
Tras dos sesiones en la Suprema Corte de Justicia, en la primera sólo se registró el voto de un magistrado en contra de la prisión preventiva oficiosa, en tanto que en la segunda ronda los votos fueron igualmente insuficientes para derogarla devolviéndose en consecuencia comodinamente el asunto al legislativo. Pero a fin de cuentas, se mantiene la idea de que el Presidente es y será el único responsable de la seguridad pública sin que ahora pueda culpar a otros, y la urgencia de aunar el cumplimiento de la ley con la expedita procuración e impartición de justicia, de tal manera que se encarcele exclusivamente a quien lo merece por las faltas cometidas, lo cual exige previamente el armado profesional y solvente de investigaciones y expedientes por parte del ministerio público.
Nos toca entonces a la sociedad denunciar y presionar a quienes pretendan chantajes o venganzas, sobre todo de corte político, y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial sean poderes al servicio de las leyes y la justicia, y no de intereses personales, partidistas, o peor aún de inconfesables intenciones de las que tanto se sospecha y acusan al Presidente, que aprovechándose del voto que confiado y esperanzado emitieron los ciudadanos para elegirlo en elecciones democráticas, desgraciadamente incumpla promesas que de paso delatan sus caprichos y conveniencias contrarios al interés público.
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