La creciente militarización en México
Por: Claudia Anaya
Antes de llegar a la presidencia, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, exigía que el ejército abandonara las calles porque era “un despropósito y una falta de sensibilidad” y al ganar las elecciones, pidió a las y los legisladores federales, avalar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, mientras se daba tiempo para consolidar una Guardia Nacional que realmente respondiera a los retos en esta materia.
Con altura de miras, pero sobre todo con confianza, brindamos todas las herramientas legales para que esta meta se consolidara en un periodo de 5 años (de 2019 a 2024) y por fin, el ejército retornara finalmente a los cuarteles, pero hasta hoy, no hay, ni hubo voluntad para honrar la ley, los compromisos y la palabra empeñada para consolidar una Guardia Nacional de carácter civil.
Lo que ha quedado de manifiesto desde 2019, es la clara intención de militarizar la vida, la seguridad y muchas otras actividades. Mencionaré algunos ejemplos significativos: en el artículo sexto de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, quedó establecido que todas las instituciones de seguridad, serán de carácter civil y contrario a ello, quienes encabezan la Guardia Nacional son todos militares, a la fecha el 85% de quienes la conforman también son de origen castrense; aun cuando de origen formal y constitucionalmente la Guardia Nacional quedó bajo el mando de la Secretari´a de Seguridad y Proteccio´n Ciudadana.
Recientemente, la mayoría de los diputados y senadores de MORENA y sus aliados, decidieron convertir a la Guardia Nacional en una extensio´n material y operativa de las Fuerzas Armadas, contraviniendo la reforma constitucional que determinó que la presencia del ejército sería de carácter extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, lo que ha llevado a la oposición a que prepararemos una acción de inconstitucionalidad, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si esta decisión de la mayoría, verdaderamente obedece a nuestra máxima legislación.
Aunado a lo anterior, en los u´ltimos cuatro an~os, los militares han tomado el control operativo y directivo de ma´s de 20 funciones —incluyendo de a´reas estrate´gicas— ajenas a las de naturaleza castrense; por ejemplo, están construyendo infraestructura civil como el Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, pero también administran aduanas o participan en la operacio´n de programas sociales, e incluso, han transportado a funcionarios federales a actos proselitistas de MORENA donde ellos mismos han participado.
En suma, el poder y la intervención del sector castrense en la vida pública del país se ha incrementado significativamente, incluso, en los recursos públicos que reciben. Si revisamos a detalle el presupuesto de egresos de la federación a partir de 2007 y hasta 2022, veremos que sus recursos aumentaron 60.5% en te´rminos reales y recientemente, recibieron 142 mil millones de pesos.
A pesar de este crecimiento en sus recursos y tareas, la Guardia Nacional no logra consolidarse para lo que es. En septiembre, hubo información de que u´nicamente el 32% cuenta con el Certificado U´nico Policial, es decir, solo 42 mil 955 de los 118 mil 188 guardias nacionales han pasado las evaluaciones de control y confianza, desempeño, competencia y formación, lo que muestra un total descuido o falta de interés para devolver esta tarea a las instituciones civiles.
La mayor preocupación de las familias en los últimos años, es vivir en paz, porque se vuelven cada vez más cotidianas las masacres, las desapariciones, los enfrentamientos y los bloqueos de carreteras y caminos por parte de delincuentes, sin que hasta hoy, ninguna autoridad federal o local, pueda hacer algo.
En el Senado de la República, la mayoría decidió regresar a comisiones el dictamen que avalaba la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, porque no tuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios, y al no con los votos a su favor se podía desechar la iniciativa.
Considero que se debe de replantear la estrategia nacional en la materia y convocar a todas las fuerzas políticas para construir un pacto por la seguridad pública que responda a las particularidades de cada estado o región y no que parta de un plan dictado desde el Gobierno Federal y que como hemos sido testigos, en nuestro estado, no ha dado resultados. Desde el Senado de la República, estaré realizando propuestas para que encontremos el camino hacia la paz, tanto en Zacatecas como en todo el país.
*Senadora de la República.
