¿Queremos agresores al mando?
Bennelly J. Hernández Ruedas.
Con el firme objetivo de seguir generando cambios en favor de la mujer, la familia y la sociedad, esta semana se sometió en la Cámara de Diputados, el dictamen de la ley denominada “3 de 3, contra la violencia a la mujer”.
Entre sus funciones propone que, todas aquellas personas con antecedentes de sentencia por violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento en el pago de pensión alimentaria, no podrán registrarse para acceder a cargos de elección popular o de la función pública.
Y es que, parte del debate de esta iniciativa surge del análisis que, una persona agresora en el ámbito privado, puede conducirse de la misma manera en lo público. En este sentido, se requiere establecer límites normativos, para tener certeza que las personas en la toma de decisiones, no son las mismas que contribuyen a seguir replicando actos de violencia de género.
Por ello, es necesario emplear modificaciones en esta Ley 3 de 3, para garantizar la inelegibilidad de ciudadanos acosadores, agresores, morosos o deudores de la pensión alimenticia de sus hijos, en funciones públicas de Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; desde el ámbito federal, estatal y municipal.
De acuerdo con datos del Índice de Paz México 2020, la tasa de violencia familiar alcanzó los 547 casos por cada 100 mil habitantes; mientras que, el INEGI presentó un estudio en el que expone que, el 67.5 por ciento de las madres solteras mexicanas, no reciben una pensión alimenticia; en el caso de padres separados o divorciados, 3 de cada 4 niños padecen la misma problemática.
En este tenor, el dictamen es parteaguas para cumplimentar y reforzar otras que hemos trabajado y aprobado; tales como, la violencia vicaria, de erradicación de estereotipos, violencia familiar, igualdad salarial, hostigamiento sexual y paridad de género; además de representar un avance significativo en materia de derechos de nuestras niñas y niños, la mujer mexicana y la protección de la familia.
Si bien, ya se contaba con antecedentes sobre esta iniciativa en la Cámara de Diputados, es importante destacar que, en esta 65 Legislatura, el análisis y fundamentación fue en trabajo plural, a través del esfuerzo conjunto de diputadas y diputados de todas las fracciones políticas al interior del Congreso de la Unión.
Este hecho deja pues por manifiesto su relevancia, así como el beneficio e interés común por favorecer al país, al impedir que agresores y padres irresponsables, sean considerados en el servicio público.
En el dictamen se reforman los artículos 38 y 102 de la Constitución Política; por lo que, su sanción es de carácter constitucional para cualquier persona, sea hombre o mujer, que incurra en conductas de violencia y delitos que afecten la vida e integridad de las personas.
Nunca más, un agresor en el poder.
Diputada Federal
