Dr. Ricardo Monreal Ávila
El avance en la disminución de la pobreza (I)
El 25 de septiembre de 2015, en Nueva York, se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, denominada “Transformar Nuestro Mundo”, documento en el que incluyeron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS constan, a su vez, de 169 metas, que pretenden incidir en las causas estructurales de la pobreza, las desigualdades y la falta de generación de oportunidades, para mejorar la calidad de vida de la población, en un marco de desarrollo sostenible.
Es decir, los objetivos están impregnados de una visión de justicia social, que ha sido una de las banderas históricas de los movimientos de izquierda en las diferentes latitudes del orbe. En México, al ocupar la principal magistratura un Gobierno popular, emanado de un auténtico movimiento de izquierda, existe una preocupación real por incidir en las causas estructurales de la pobreza y reducir la brecha de la desigualdad.
Las preocupaciones locales y globales por la continua pauperización de grandes sectores de la población tienen como telón de fondo los rezagos producidos durante la era de la globalización, resultantes de la imposición de esquemas políticos y económicos neoliberales.
La apertura mundial de los mercados no fue un hecho aislado, sino que se dio debido a la necesidad de brindar más oportunidades al capital para su expansión y, con ello, generar mayor acumulación. No obstante, el enriquecimiento de las élites económicas no significó la mejora en las condiciones de vida de las bases sociales de las naciones.
Así, se volvió una constante que los Gobiernos de diversos países planearan y ejecutaran políticas de Estado direccionadas a garantizar la “seguridad” de las inversiones que les llegaran. Esta preeminencia del capital sobre la agenda social recrudeció aún más las condiciones de las mayorías y aceleró los procesos de descomposición del tejido social.
En el caso de México, lo anterior se tradujo en una constante pauperización de la vida de la población, pues entre las exigencias de los organismos internacionales encargados de evaluar el desempeño económico de los países se encontraban la reducción del gasto público, la disminución intencionada de los salarios en términos reales, el control inflacionario y otra serie de medidas que, ejecutadas al pie de la letra, asegurarían una buena calificación crediticia para el acceso a futuros empréstitos internacionales y a la inversión privada extranjera.
Los Gobiernos tecnócratas, que se sucedieron uno tras otro durante más de 30 años en el país, fueron adeptos a esta doctrina y, por mucho tiempo, el carácter de sus políticas económicas fue en sentido contrario al del bienestar popular. Esto sólo benefició a una cúpula del poder político y económico, condenando a la sociedad mexicana a ver cada vez más lejos la posibilidad de consolidar un auténtico sistema democrático.
Como es evidente, los pendientes en materia democrática quedaron rezagados en la etapa neoliberal, produciendo así más generaciones de mexicanas y mexicanos destinados a la marginación y el atraso.
En contraste, el Gobierno elegido en 2018 retomó con seriedad las causas populares y priorizó la satisfacción de las necesidades de todos los sectores sociales. La procuración del bienestar de la población más vulnerable se erigió en una de las máximas que dirigen los propósitos y acciones de la 4T; el manejo de la crisis sanitaria, en el contexto de la pandemia de COVID-19, dio cuenta de ello.
En este sentido, la prueba de fuego para un Gobierno de izquierda consiste en evaluar su desempeño en función de los resultados que logre en estos terrenos, los cuales constituyen su insignia y razón de ser frente a otras concepciones políticas.
Esto no quiere decir que no cuenten otras variables y tareas básicas, como la seguridad y la procuración de justicia, la estabilidad financiera y el crecimiento económico, la educación y la cultura, el medio ambiente y las energías limpias, el campo y la soberanía alimentaria... Pero la vara principal con la que es medido un Gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo es, precisamente, su avance en el combate a la pobreza y en la reducción de las desigualdades sociales.
Y en este aspecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acaba de dar una de las mejores noticias para un Gobierno que tiene como bandera sentar las bases para una mejor distribución de la riqueza.
Cada dos años, el INEGI levanta en el país la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y los resultados del periodo 2020-2022 acaban de darse a conocer. Retomo los hallazgos principales, tal como el órgano autónomo responsable de los censos de población, mediciones socioeconómicas y consignación de la geografía del país los acaba de dar a conocer:
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