M.F. María del Carmen Salinas Flores
Violencia política en México.
Recientemente se dio el banderazo de las precampañas de cara al proceso electoral que vivirá nuestro país, estas elecciones sin duda serán icónicas, dado que la contienda electoral ahora tendrá el mayor número de mujeres participando por un puesto de elección popular.
En este sentido, es indispensable no perder de vista aquellas acciones que en este tipo de contiendas políticas han surgido a raíz de la participación de las mujeres, puesto, que desafortunadamente nuestra incursión en este ámbito no ha sido del todo bien recibida, pues existe aún resistencia para aceptar genuinamente su incursión en el mundo de la política.
Este tipo de resistencia se ha vuelto en un mal que aqueja a las mujeres que deciden ser parte de la vida pública del país, la violencia política hacía las mujeres suele convertirse en el arma que usan aquellas personas que no encuentran voz en nosotras para formar parte de las decisiones del país, ¿pero a qué nos referimos cuando hablamos de violencia política en razón de género?
De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se entiende como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Si bien, existe una norma general, también el propio INE ha emitido protocolos de actuación, lineamientos para atender los casos de violencia política, estos hechos siguen ocurriendo y es por ello que en estas elecciones se hace indispensable repensar y replantear la manera en que las mujeres entremos en la política, si en un ambiente de paz y cordialidad o frente a adversidades que demeriten nuestra incursión, pues definitivamente la violencia que se ejerce hacia nosotras dista mucho de la que puede vivirse entre hombres.
Insultos como “vete a la cocina” o “tienes la falda bien puesta” son solo algunos de los que suelen decirse a las mujeres, este en el menor de los casos, pero situaciones que en países como Brasil han llegado a la pérdida de la vida de las mujeres que incursionan en éste ámbito, tal como lo fue el asesinato de Marielle Franco, a quien se le negó la oportunidad de participar en la vida pública de su país.
Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, es que nuestro país ha logrado formar un engranaje jurídico para atender este tipo de violencia de género, sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer, pues de acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional Electoral, el mayor número de sanciones recibidas por este tipo de hechos se encuentran concentradas en Chiapas, Baja California y Quintana Roo, sin duda, esto nos abre un panorama para plantear estrategias locales.
Por otro lado, dentro del registro establecido por el INE, nos brinda otro dato que sin dudar debe ser tomado en cuenta, pues el mayor número de sanciones otorgadas son a servidores públicos que ostentan el cargo de Presidentes Municipales, por lo que aquí existe otro indicio importantísimo para poder establecer una estrategia para eliminar este tipo de violencia, sin duda, en estos espacios es en donde vale la pena redoblar esfuerzos e identificar patrones sociales que permiten que esto se exacerbé.
La siguiente contienda política en 2024, debe ser un parteaguas, pero no solo por el hecho de que las mujeres participemos en mayor medida, sino que lo hagamos desde espacios libre de violencia y en el pleno ejercicio de nuestros derechos político electorales, la violencia política debe llegar a su fin.
Artículo 20. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Tesorera del Senado de la República
