Dr. Ricardo Monreal Ávila
Keynesianismo y reducción de la pobreza
El gasto público, como principal instrumento anticíclico y como punta de lanza para abrir nuevos sectores en la economía, es la principal tesis del keynesianismo como doctrina de política económica.
Su nombre se debe a John Maynard Keynes, destacado economista británico, conocido por su influyente obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, en la que postula una serie de propuestas, tomando como base el contexto de la reactivación de la economía estadounidense para salir de la Gran Depresión de 1929.
Una de las principales propuestas económicas expuestas por Keynes establece que el crecimiento económico depende de estimular la demanda en el mercado interno mediante el gasto público en infraestructura, el incremento en los salarios de las y los trabajadores y la ampliación del ahorro y la inversión privados.
En términos específicos, se contempla que el nivel de empleo y producción en una economía está determinado por la demanda agregada, destacando la importancia de gestionar y estabilizar esta, para evitar el desempleo y las crisis económicas.
Keynes, refiriéndose al nivel de demanda que determina el nivel de producción real de la economía, introdujo el concepto de demanda efectiva, que es la cantidad de bienes y servicios que las y los consumidores y empresas pueden o están dispuestos a adquirir.
Asimismo, destacó el papel de la inversión como motor clave de la actividad económica y sostuvo que las fluctuaciones de la primera, influenciadas por la incertidumbre y las expectativas, podrían provocar variaciones en el empleo y la producción.
De igual manera, introdujo el concepto efecto multiplicador para explicar cómo un cambio inicial en el gasto (consumo, inversión o gasto público) puede conducir a otro más significativo en la actividad económica general. Así, el efecto multiplicador resalta la interconexión de diferentes sectores de la economía.
Del mismo modo, Keynes incluyó la preferencia de liquidez, concepto que explica cómo se determinan las tasas de interés. Sostuvo que las personas y las empresas tienen preferencia por mantener activos líquidos (efectivo) en lugar de activos menos líquidos, como los bonos. El tipo de interés se considera el “precio” por renunciar a la liquidez.
También abogó por una intervención gubernamental activa en la economía, para estabilizar la demanda agregada y contrarrestar las fluctuaciones cíclicas. Planteó que los Gobiernos deberían utilizar la política fiscal (cambios en el gasto público y los impuestos), con el fin de gestionar el nivel de actividad económica.
Asimismo, cuestionó la visión económica clásica de que los mercados conducirían naturalmente al pleno empleo. Sostuvo que el desempleo involuntario podría persistir en la economía debido a una demanda agregada insuficiente y que, por tanto, se necesitaban medidas de política activa para abordar el problema.
Finalmente, elevó serios cuestionamientos a la Ley de Say, la cual establecía que la oferta crea su propia demanda. En cambio, argumentó que la oferta y la demanda no siempre están en equilibrio, y que la economía puede experimentar periodos de desempleo y subutilización de recursos.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes tuvieron un auge importante y dejaron un profundo impacto en el pensamiento y las políticas económicas, especialmente en el contexto de la gestión macroeconómica y la intervención gubernamental para estabilizar las economías.
Por ello, el keynesianismo dominó en varios países de América y Europa hasta 1970, especialmente en aquellos con orientación socialdemócrata y promotores del Estado de bienestar, hasta que irrumpió en escena el neoliberalismo de la Escuela de Chicago e invirtió los términos de la relación entre factores económicos y agentes políticos.
Fue así como la rectoría del Estado se convirtió en el factor principal de la política económica, no apropiándose ni desplazando a las empresas privadas, sino orientando la decisión de particulares hacia las prioridades de inversión definidas por el propio Estado, de tal suerte que el empuje de la masa salarial y de la inversión pública y privada se convertirían en un catalizador de la demanda y, por esta vía, se llegaría al “pleno empleo”.
Tal es la política económica que parece estar siguiendo la 4T desde 2018, pero en forma acelerada después de la pandemia. Ello explicaría los buenos números que reporta el Gobierno de México en materia económica, de empleo, inversión, inflación, tipo de cambio y reducción de la pobreza.
En este sentido, podría decirse que la pandemia sí quedó como “anillo al dedo”, porque la recesión que produjo el cierre masivo del comercio, los servicios y la manufactura permitió que el gasto público federal se convirtiera en el detonador económico pospandemia.
El incremento salarial consecutivo en cinco años (que favorece a millones de trabajadoras y trabajadores, mayormente a las primeras, que se encuentran en los deciles de ingresos bajos), la recepción crecientemente sostenida de remesas (275 mmdd en cinco años) y los programas sociales del Gobierno federal (2.6 billones de pesos en cinco años) han incidido directamente en el crecimiento de la “demanda agregada” y la “demanda efectiva”, lo cual dio impulso a la inversión privada, sacando de la pobreza a 8.9 millones de connacionales y disminuyendo la tasa de desempleo como no se veía en décadas.
Las obras emblemáticas de infraestructura (Tren Maya, Dos Bocas y Corredor Interoceánico) dieron un giro de 180 grados al crecimiento de esta región a la que durante años el neoliberalismo limitó a ser proveedora de recursos naturales para el centro y norte del país, condenándola a la emigración, a la depredación ecológica y al subdesarrollo dentro del subdesarrollo. Hoy, cinco años después, el sureste reporta más crecimiento económico (5.2) que el resto del país.
Si Keynes viviera, avalaría la política económica de la 4T y, para evitar que regresen los neoliberales a robarse lo poco que nos dejaron, solo advertiría tener cuidado con variables como la sostenibilidad fiscal de los programas sociales; la operación no deficitaria de las obras emblemáticas, y el sano financiamiento fiscal del cada vez más cercano segundo piso de la Cuarta Transformación.
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