Reforma energética e internet

Ulises Mejía Haro

En septiembre de 2021, el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El objetivo era que esta produjera y tuviera un despacho del 54% de la electricidad consumida en el país, mientras que las empresas privadas generaran el 46% restante.
Esta reforma buscaba derogar la reforma eléctrica de 2013, promovida durante el gobierno de Peña Nieto, que favoreció a los privados. En tan solo ocho años, estos se apoderaron del 62% de la generación de energía, dejando a la CFE con una participación de solo el 38%. Antes de dicha reforma, la CFE producía el 64% de la energía, mientras que el sector privado generaba el 36%.
La reforma propuesta no significaba nacionalizar ninguna empresa ni estatizar la industria eléctrica, tampoco limitar la inversión privada en el sector. Los privados podrían seguir haciendo negocios con ganancias razonables. Lo que se buscaba era poner orden y establecer un nuevo sistema eléctrico mexicano en el que el Estado recuperara la conducción del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la CFE.
Esta debía convertirse en un organismo de Estado responsable de la planeación y el control del sistema eléctrico, autónomo en sus funciones y administración, para garantizar la seguridad energética como condición necesaria para la seguridad nacional.
Así, se restablecería un sistema comprometido con el pueblo de México, asegurando el abastecimiento de energía eléctrica a toda la población y para las actividades económicas, a precios más bajos, protegiendo la economía de las familias y garantizando el derecho humano a una vida digna.
La reforma también tenía como propósito revertir las disposiciones de la reforma eléctrica de 2013 que favoreció deliberadamente a las empresas privadas. Estas concentraron, bajo cuatro modalidades, el 62% de la generación de energía eléctrica, obteniendo despacho prioritario, recuperación de inversión, subsidios y financiamiento a tasas preferenciales. Mientras tanto, la CFE, sin prioridad en el despacho de sus centrales eléctricas, participaba con apenas el 38% de la generación, a pesar de tener una capacidad instalada del 54%. Ante esta situación, la reforma propuesta por el expresidente López Obrador establecía la electricidad como un área estratégica a cargo del Estado.
A pesar de sus bondades, las y los diputados de oposición, bajo la presión de Claudio X. González, representante de grandes monopolios privados nacionales y extranjeros, votaron en contra, impidiendo que la reforma eléctrica alcanzara la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos). No obstante, la CFE inició su fortalecimiento en la generación de energía eléctrica gracias a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2021.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defensora de los grandes capitales y no de los intereses del pueblo, invalidó dicha reforma, argumentando que vulneraba los principios de competencia y desarrollo sustentable.
Con estos antecedentes, las reformas aprobadas el pasado mes de octubre en la Cámara de Diputados a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas (electricidad, litio e internet), representan un avance significativo para la soberanía energética y el fortalecimiento de la industria de telecomunicaciones en el país.
Estas reformas otorgan certidumbre jurídica y económica, creando un ambiente propicio para la inversión pública y privada, al tiempo que protegen las áreas estratégicas de la nación a cargo del Estado. También promueven la transición hacia energías limpias, contribuyendo a un medio ambiente más sustentable.
Entre las principales modificaciones, se encuentra el cambio de la naturaleza jurídica de las Empresas Productivas del Estado a Empresas Públicas del Estado (artículo 25).
Esto fortalece a la CFE al eliminar las desventajas frente a las empresas privadas, ya que la reforma de 2013 limitaba su capacidad de generación eléctrica.
Con la reforma actual, se permite la participación de empresas privadas en actividades de la industria eléctrica distintas a la transmisión y distribución, pero estas no tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya misión es garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Esto beneficiará a las familias mexicanas con tarifas más justas. Asimismo, se establece que en la transmisión y distribución de energía eléctrica, así como en el litio, no se otorgarán concesiones (artículo 27). Estas reformas también otorgan al Estado la planeación y la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética del país, además de proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro.
Asimismo, se declara la conexión a internet como un área estratégica para garantizar mayor cobertura y accesibilidad en todo el país. El internet proporcionado por el Estado, a través de CFE Telecomunicaciones, será sin fines de lucro y estará disponible en carreteras, plazas públicas, escuelas, hospitales, y comunidades marginadas.
Según el artículo 28, no constituirán monopolios las funciones del Estado en áreas estratégicas como el litio, el servicio de internet y las actividades de las empresas públicas del Estado.
Con la aprobación de estas reformas, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se recupera el espíritu de la reforma eléctrica propuesta por el expresidente López Obrador en 2021.
Además, se reincorpora a la Constitución la electricidad como área estratégica y se añaden el litio y el internet.