La transparencia en las Universidades Públicas.
Por: Jenny González Arenas.
Ante las recientes declaraciones de la presidenta de México, sobre los excesos en las burocracias de las universidades públicas, es necesario reflexionar sobre las implicaciones que ha tenido el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas no sólo de los organismos autónomos en general, sino de las universidades públicas en particular.
Es preciso señalar que, si bien es cierto las universidades públicas son autónomas, también es cierto que esa autonomía está acotada por el marco constitucional establecido en el artículo 3º constitucional y la Ley de Educación Superior, así como por la cantidad de recursos económicos que reciben tanto de gobierno federal como de los gobiernos de sus respectivos estados.
La autonomía no es gratuita, porque entre las funciones de las universidades públicas encontramos la creación de profesionistas con un perfil crítico, siempre y cuando ese sea el perfil social que se requiere, sin embargo, cuando se requiere formar otro tipo de sociedad, entonces es oportuno cambiar las condiciones en las que se maneja el presupuesto de las universidades públicas.
Más allá de poner en riesgo la autonomía universitaria, lo que si es necesario es el ejercer un control de gastos efectivos que, en primer lugar fiscalice de manera adecuada los recursos públicos que reciben las universidades públicas estatales, pero por otro tema tiene que ver con una estrategia de austeridad en la que se controlen los gastos de las universidades porque el recurso que se recibe es para las funciones sustantivas y no para el pago de funcionarios.
El tema de los recursos de las universidades públicas no es un tema menor. Por el contrario, se trata de un tema que tiene que ser abordado con urgencia, en particular en las universidades estatales que se encuentran en crisis como es el caso de la UAZ, en la que de acuerdo con el convenio de apoyo financiero se debe gastar un presupuesto anual de 97 millones de pesos cuando la universidad gasta un total de 234 millones de pesos, 136 millones más de lo autorizado.
Una nómina en la que se han ingresado a más de 300 personas que no desempeñan funciones sustantivas dentro de la universidad y que tampoco se ven reflejadas en un incremento proporcional en la matrícula de la Universidad.
Ese recurso puede ser utilizado para dejar de pagar maestros por honorarios, o para crear un fondo para la sustitución de prestaciones y disminuir el pasivo laboral o un fideicomiso que permita compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y jubilaciones y disminuir el pasivo laboral. Pero no, se prefiere destinar ese recurso a alimentar una casta dorada de funcionarios que, si hicieran bien su función, no tendrían a la universidad en la crisis en la que la tienen, pero, desafortunadamente, las habilidades de los funcionarios para administrar a la Universidad brillan por su ausencia, lo único que han demostrado es su capacidad de disfrazar los problemas y hacer que cada día más, nuestra institución esté en una crisis financiera más aguda.
El llamado no es a vulnerar la autonomía, sino a ejercer mecanismos de control eficiente del gasto universitario, sin que ello implique una intervención, sino una eficaz fiscalización que permita acabar con la precarización docente, porque pocas personas saben que hay docentes con doctorado que ganan menos de un salario mínimo.
