La vivienda social, a costa de las y los trabajadores
Por: Claudia Anaya Mota
Acorde con datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), nuestro país enfrenta un déficit de 8 millones de viviendas. De este total, el 20% corresponde a la falta de nuevas casas y departamentos, mientras que el 80% se debe a la necesidad de mejoras y ampliaciones en viviendas existentes.
Considerando esta problemática y con el objetivo de facilitar el acceso al derecho a la vivienda a través de créditos accesibles y requisitos sencillos de cumplir, la oposición respaldó de manera unánime la reforma constitucional en materia de vivienda, aprobada en noviembre del año pasado.
Lo que no imaginamos en la oposición es que, al implementar la reforma constitucional en la Ley del INFONAVIT, se le otorgaría a MORENA la capacidad de financiar la construcción de vivienda social utilizando el dinero de las y los trabajadores, en lugar de recurrir al presupuesto público.
Uno de los cambios más significativos de esta reforma recientemente aprobada, es el endurecimiento de los requisitos para acceder a un crédito para obtener una casa o terreno. Para beneficiarse, los derechohabientes deberán haber cotizado al menos 10 años. La razón detrás de esta medida es que MORENA y sus aliados están obligando a la mayoría de las personas con urgencia de vivienda a recurrir al esquema de renta.
La reforma también contempla la creación de una empresa encargada de construir nuevas viviendas. Esta empresa manejará dinero privado (proveniente de las y los trabajadores), lo que implica que sus fondos no podrán ser auditados ni supervisados por la Auditoría Superior de la Federación. MORENA, en uno de sus habituales engaños, sostiene lo contrario, argumentando que la auditoría podrá realizar dicha vigilancia; mienten porque la ASF es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que solo vigila el uso del dinero público, no el privado.
Actualmente, el INFONAVIT cuenta con un remanente de 11 mil millones de pesos anuales, y es precisamente ese dinero disponible el que MORENA utilizará para construir o rentar viviendas, sin rendir cuentas a nadie. Insisto, se trata de dinero privado, no público.
Este cambio en la política habitacional se vuelve opaco y autoritario. Con el modelo anterior, las familias podían decidir en qué casa o terreno establecer su hogar. Sin embargo, con el modelo impulsado por MORENA, será el gobierno quien determine qué inmueble podrás rentar o comprar, reviviendo los errores de una política de vivienda que ya habíamos superado.
Por otro lado, el oficialismo ha dejado clara su ambición al colonizar la Presidencia de un modelo tripartito (que involucraba al gobierno, a los trabajadores y a los empleadores) para desarrollar políticas habitacionales. La diferencia ahora es que la rotación de la presidencia ha desaparecido y queda exclusivamente en manos del gobierno.
Uno de los principales riesgos de este modelo es la probable disminución de la participación de los empleadores y los sindicatos en los comités de vigilancia, auditoría y transparencia. El modelo tripartito, equilibrado hasta ahora, ha quedado en manos de una mayoría gubernamental, lo que abre la puerta a un uso poco transparente de los recursos, destinándolos a proyectos que, en algunos casos, no beneficien directamente a los derechohabientes.
Senadora de la República
