Morena no se cansa de manosear la Constitución
Por: Claudia Anaya Mota
Hace unos días, Morena y sus aliados en el Senado de la República aprobaron la iniciativa presidencial para “reforzar nuestra soberanía”. Desafortunadamente, se trata de una legislación deficiente y mal redactada, que no respeta el control convencional internacional ni atiende las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre nuestro país.
Para entender el contexto, esta aprobación se dio después de que el expresidente Donald Trump declarara como “terroristas” a seis cárteles de droga mexicanos. En respuesta, la presidenta envió una reforma constitucional con el objetivo de “blindar” la soberanía nacional ante injerencias extranjeras.
En esencia, la reforma amplía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito de “terrorismo” o “realicen investigaciones sin el aval del pueblo de México”. Es decir, establece una pena privativa de libertad sin que exista una sentencia. Estoy de acuerdo con su aplicación en casos de flagrancia, pero no en otras circunstancias.
La redacción de la reforma es sumamente deficiente, producto de la prisa del bloque oficialista por cumplir con la presidenta. A pesar de contar con juristas destacados, no se han detenido a precisar conceptos como “actos lesivos contra el pueblo mexicano” o “el pueblo de México no consentirá investigación o persecución extranjera alguna”. Esta ambigüedad ignora que organismos internacionales defensores de derechos humanos realizan investigaciones para proteger a las víctimas de omisiones tanto del gobierno federal como de los estatales.
Esta reforma, más que fortalecer la soberanía, podría generar conflictos con Estados Unidos y la comunidad internacional, pues criminaliza a cualquier extranjero que realice investigaciones sin la autorización del “pueblo de México”. Esto podría interpretarse como una falta de voluntad para la cooperación internacional.
Si bien es cierto que ningún agente extranjero debe llevar a cabo investigaciones sin el conocimiento de nuestras autoridades, el verdadero problema radica en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Como mencioné, esta medida se impone sin que medie una sentencia, convirtiéndose en un instrumento del acusador sin la intervención de un juez para determinar si realmente se cometió un delito.
En conclusión, esta reforma es inaplicable debido a su mala concepción y redacción. Además, la soberanía nacional ya está garantizada en los artículos 9, 33, 39, 41, 76 y 89 de nuestra Constitución.
Senadora de la República
