Migrar no es un delito
Por: Claudia Anaya Mota
La migración ha sido parte esencial de la historia de la humanidad. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos se han desplazado en busca de mejores condiciones de vida, seguridad y oportunidades de desarrollo. Migrar no es una anomalía: es una constante humana.
Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 13, que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, así como “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Además, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece garantías fundamentales para las personas migrantes, sin importar su situación legal.
Ingresar o permanecer en un país sin la documentación adecuada puede constituir una falta administrativa, pero en ningún caso equivale a un delito penal. No obstante, este fin de semana, la administración encabezada por el presidente Donald Trump optó una vez más por criminalizar la migración. Esta postura, desde el punto de vista del Derecho Internacional, carece de sustento jurídico.
La política antiinmigrante implementada en Estados Unidos pone en riesgo los derechos de al menos 15.4 millones de personas sin documentos, según cifras del Center for Immigration Studies. Las recientes redadas migratorias han desatado protestas en varias ciudades, como en Los Ángeles, donde ha destado la participación de comunidades mexicanas que, en algunos casos, confrontaron a la Guardia Nacional, generando un clima de tensión y violencia.
Ante este panorama, México debe responder con inteligencia, firmeza y diplomacia. Lamentablemente, nuestra relación con la Organización de Estados Americanos (OEA) atraviesa un momento tenso, tras su evaluación crítica del reciente proceso de elección judicial. La reacción del gobierno mexicano fue defensiva y arrogante, en lugar de mostrar apertura al diálogo y disposición para mejorar.
En el Congreso de la Unión, la mayoría parlamentaria no ha actuado con la agilidad que el momento exige. Lejos de condenar los atropellos contra nuestros connacionales, ha predominado la omisión. Particularmente grave fue la actitud del presidente del Senado, quien, en lugar de fomentar el diálogo institucional y respetuoso con la Embajada de Estados Unidos, optó por la confrontación. Su desafortunado comentario en redes sociales —“Viene el embajador de Estados Unidos aquí a mi oficina el viernes… se van a morir”— provocó la cancelación oficial del encuentro diplomático por parte de la embajada.
Desde mi posición, me mantendré atenta y firme en el respaldo a nuestras comunidades migrantes. Condeno la violencia, el racismo y la xenofobia ejercidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) contra mexicanas y mexicanos. Reitero mi compromiso de trabajar por soluciones que coloquen la vida y la dignidad de las personas migrantes en el centro de la política pública y de la diplomacia parlamentaria.
Senadora de la República
