Julieta del Río
El derecho a saber de los pueblos indígenas
Cada 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre una deuda histórica, la de garantizar a las comunidades originarias el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos, el acceso a la información pública. Una herramienta que puede transformar vidas y preservar culturas.
México es hogar de más de 23 millones de personas que se reconocen como indígenas, de las cuales más de siete millones hablan alguna de las 68 lenguas originarias. Sin embargo, los índices de marginación y discriminación siguen siendo alarmantes. La falta de información clara, traducida y culturalmente pertinente limita su capacidad de tomar decisiones sobre su desarrollo, defender sus recursos naturales o exigir servicios básicos de calidad.
Durante mi carrera por el IZA y el INAI, fui testigo de cómo la transparencia podía empoderar a estas comunidades. Recuerdo casos donde el acceso a contratos de explotación minera permitió a pueblos enteros iniciar procesos legales para proteger sus tierras; o cuando, gracias a solicitudes de información, se descubrieron irregularidades en programas de apoyo social que nunca llegaron a los beneficiarios reales.
Hoy, en 2025, el escenario institucional es distinto. La desaparición del INAI dejó un vacío que preocupa, aunque la creación de Transparencia para el Pueblo busca llenar ese espacio. Este nuevo organismo enfrenta el reto de demostrar que puede garantizar, sin sesgos políticos ni limitaciones técnicas, el derecho a saber en todos los rincones del país, incluidas las zonas más apartadas. La transparencia no puede ser un privilegio urbano; debe llegar con la misma fuerza a la sierra, la selva y las comunidades rurales.
Pero la responsabilidad no recae solo en las instituciones. La sociedad civil, los medios de comunicación y las propias comunidades deben convertirse en actores activos del derecho a saber. Para ello, es urgente diseñar estrategias que incluyan la traducción de información a lenguas originarias, capacitaciones en el uso de plataformas digitales y mecanismos presenciales para zonas sin conectividad.
El acceso a la información es también una herramienta de memoria y resistencia. Conocer los presupuestos destinados a salud, educación o infraestructura en territorios indígenas permite exigir su correcta aplicación y evitar que queden solo en promesas. Sin datos, los pueblos originarios quedan desarmados frente a la corrupción, el despojo y la violencia.
En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, debemos reiterar que la transparencia no es un favor ni una concesión: es un derecho humano que abre la puerta a todos los demás. Un país que niega u obstaculiza el acceso a la información condena a sus comunidades más vulnerables a la invisibilidad.
La meta es clara, que cada persona, sin importar su lengua o lugar de residencia, pueda acceder a información útil, comprensible y oportuna. Solo así, la transparencia dejará de ser un discurso y se convertirá en una herramienta real de dignidad, justicia y desarrollo para los pueblos indígenas de México.
