Una tregua no es una solución
Por: Claudia Anaya Mota
El pasado 1 de agosto, el presidente Donald Trump anunció una nueva prórroga a la imposición de aranceles del 30?% a las exportaciones mexicanas. Mientras tanto, siguen vigentes los aranceles del 25?% a productos no cubiertos por el T-MEC. En su declaración a través de su red social, señaló que México se comprometió a eliminar todas las barreras no arancelarias al comercio, y que el plazo adicional servirá para establecer un diálogo hacia un posible acuerdo.
Aunque el gobierno mexicano ha celebrado esta prórroga como un logro diplomático, la realidad es menos alentadora. No se ha fijado un plazo formal de negociación, no hay compromisos claros, y mucho menos resultados tangibles que ofrezcan certidumbre al comercio bilateral. Una tregua, por definición, es temporal, y en este caso, no resuelve los problemas estructurales que están tensando la relación comercial con nuestro principal socio.
Además, las autoridades mexicanas no han informado qué barreras específicas se comprometieron a eliminar, lo que genera dudas sobre la viabilidad del acuerdo. Para comprender el trasfondo, los expertos han convocado a revisar dos documentos clave: el informe sobre barreras comerciales publicado en marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y una hoja informativa que Trump recibió en abril tras ordenar una investigación al respecto. Ambos textos señalan como temas críticos el maíz genéticamente modificado, el uso del glifosato, las trabas sanitarias y, especialmente, las restricciones en materia energética.
Desde el inicio de este sexenio, se impulsaron reformas que otorgan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un papel dominante en la generación eléctrica, con el 54?% del total, obligando al operador de la red a priorizar su energía, sin importar su costo ni impacto ambiental. En este contexto, empresas privadas enfrentan bloqueos administrativos, cancelación de permisos y restricciones operativas, lo cual inhibe la inversión y pone en riesgo el suministro eléctrico para millones de familias e industrias.
A esto se suma una reforma constitucional que define a CFE y Pemex como “empresas públicas”, asegurándoles presupuesto público para sostenerlas y ventajas que contravienen los principios del T-MEC. También se les otorgó un papel exclusivo en la venta de gas natural, desplazando a competidores privados y cerrando el mercado.
Estas decisiones violan abiertamente compromisos asumidos en el T-MEC. El Capítulo 14 protege a los inversionistas contra trato injusto y expropiaciones indirectas; el Capítulo 22 prohíbe que las empresas estatales reciban ventajas que afecten la competencia y el Capítulo 2, impide restricciones arbitrarias al comercio de bienes y servicios, incluidos los energéticos.
Al favorecer de manera sistemática a CFE y Pemex, y al obstaculizar la participación privada, México corre el riesgo de enfrentar paneles de controversia, sanciones comerciales e incluso poner en duda su compromiso con el tratado. Esta estrategia, más ideológica que técnica, podría comprometer el crecimiento económico y el bienestar de las familias mexicanas.
Urge replantear el rumbo energético del país. Necesitamos una política que respete los acuerdos internacionales, promueva la competencia y garantice un futuro energético limpio, accesible y confiable. Porque una tregua, sin solución de fondo, solo pospone un conflicto que tarde o temprano terminará por alcanzarnos.
Senadora de la República
