Transparencia y datos personales, claves para la dignidad de las mujeres indígenas
Julieta del Río
El Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada 5 de septiembre, es una fecha para reconocer a millones de mexicanas que sostienen con dignidad sus comunidades, lenguas y tradiciones, pero que también enfrentan desigualdades históricas que limitan su acceso a derechos fundamentales.
En México, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas, de las cuales 11.9 millones son mujeres.
Por esta razón, 2025 fue designado por el Gobierno de México y el Senado de la República como “Año de la Mujer Indígena”, una decisión que nos obliga a voltear la mirada a los retos que enfrentan cada día.
Uno de los derechos que no les ha sido garantizado en su totalidad es el acceso a la información pública. Sin información clara y accesible, no hay posibilidad de exigir justicia, programas sociales o servicios de salud.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el INEGI, el 44.4% de las mujeres indígenas reportó que, cuando buscó información, se la negaron o no se la explicaron de manera adecuada. Además, el 20.1% señaló que las oficinas de gobierno están demasiado lejos; el 17% dijo que la información solo está disponible en internet, un recurso al que no tienen acceso; y un 8.8% no logra comprenderla porque está en español y no en su lengua originaria. Estos datos muestran que la falta de accesibilidad se convierte en una forma de exclusión.
Esta información es fundamental para que puedan acceder a otros derechos o apoyos, pues la misma encuesta reveló que los principales retos que enfrentan son la falta de empleos (17.8%) y las dificultades para la obtención de recursos económicos (17.7%), seguidos de la carencia de atención médica (12.8%). A ello se suma la discriminación por su apariencia (13.4%), las limitaciones en el acceso a la educación (10.2%), la discriminación por hablar una lengua indígena (8.8%) y la falta de respeto a sus tradiciones y costumbres (6.4%).
A la par, este sector, en su mayoría, no cuenta con información sobre su derecho a la protección de datos personales. Muchas de ellas han sido víctimas del mal uso de su información, ya sea en padrones sociales, en servicios de salud o incluso en trámites escolares y laborales, sin que ellas lo adviertan.
El derecho a saber y a decidir sobre sus datos no es un lujo: es la base para que las mujeres indígenas puedan exigir lo que les corresponde por justicia y dignidad. Es también la herramienta para romper con el círculo de invisibilidad que históricamente las ha marginado.
En este “Año de la Mujer Indígena”, no basta con los reconocimientos simbólicos. Se requiere una agenda seria que traduzca la transparencia y la protección de datos en cambios reales: que la información pública llegue en lenguas originarias, que las plataformas digitales sean accesibles, que las oficinas de gobierno estén capacitadas para atender con respeto y que existan políticas claras contra el mal uso de datos personales.
El mejor homenaje que podemos rendir a las mujeres indígenas es garantizarles derechos efectivos, no discursos vacíos. Reconocer su fuerza, su historia y sus aportes significa también abrirles las puertas a un futuro donde la información y la transparencia sean sus aliadas para vivir con igualdad y dignidad.
