La maldita deuda
Por: Claudia Anaya Mota
La deuda pública es el conjunto de obligaciones financieras que adquiere un Estado cuando solicita préstamos a bancos nacionales u organismos internacionales para cubrir necesidades que no puede solventar únicamente con los ingresos ordinarios, principalmente los impuestos. Dicho de manera sencilla: es el dinero que el gobierno le debe a diversos acreedores.
Esta herramienta cumple funciones esenciales en la vida económica y política de un país: financiar gasto público —preferentemente en proyectos productivos—, invertir en infraestructura, atender emergencias, estabilizar la economía en tiempos de recesión y, cuando se maneja con responsabilidad, generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.
El problema no es la deuda en sí, sino cómo se administra. Los países que la manejan con prudencia demuestran capacidad de cumplir compromisos, facilitan la llegada de inversión y aseguran mejores condiciones de financiamiento.
En México, la deuda pública ha crecido de manera sostenida y, con la llegada de la Cuarta Transformación al máximo poder político, alcanzó niveles que merecen análisis. Con Felipe Calderón llegó a 5,591 mil millones de pesos; con Enrique Peña Nieto, a 10,552 mil millones; con Andrés Manuel López Obrador, a 17,428 mil millones; y actualmente, bajo la Presidencia de Claudia Sheinbaum, se sitúa en 20,600 mil millones, cifra que ella bautizó como “la maldita deuda”.
Lo que la titular del Ejecutivo omitió señalar es que gran parte de esta deuda se destinó a concluir obras emblemáticas que, hasta ahora, no han generado ganancias ni beneficios concretos para el país: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Otra parte se utilizó para refinanciar y respaldar la deuda de PEMEX, una de las más grandes a nivel internacional y para financiar proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, derivados de la reforma energética aprobada por MORENA y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Las consecuencias son palpables: calles y carreteras deterioradas, baches en abundancia y sistemas de drenaje insuficientes que, ante la temporada de lluvias, provocan inundaciones y afectan a miles de familias.
Ahora, nos toca pagar de manera literal, las decisiones de MORENA. El mecanismo que propone la Cuarta Transformación es el incremento al IEPS —impuesto especial a productos y servicios— que grava refrescos, cigarrillos y videojuegos, bajo el argumento de “cuidar nuestra salud”.
Sin embargo, los 41 mil millones de pesos que se espera recaudar con este impuesto no son suficientes ni para pagar la deuda ni para corregir los desequilibrios fiscales heredados. Para ponerlo en perspectiva: el año pasado, el gasto en servicio de la deuda (intereses y amortizaciones), gasto corriente y programas sociales ascendió a 1.150 billones de pesos.
Mi esperanza es que este dinero extra se utilice de manera responsable: mejorar la infraestructura nacional, invertir en calles y carreteras, fortalecer el sistema de salud, financiar obras con verdadero beneficio social y económico, y aliviar la carga fiscal sin comprometer el futuro financiero del país.
Porque la deuda, cuando se usa bien, puede ser un motor de desarrollo; cuando se administra mal, se convierte en un peso que arrastramos todos.
Senadora de la República
