LOS BENEFICIOS QUE LE OTORGA LA LEY A LOS DELINCUENTES
Por: Isadora Santivañez Rios
Las reformas al Poder Judicial estuvieron sustentadas principalmente en la necesidad de generar un cambio en la percepción de este poder, debido a que históricamente, la ciudadanía lo ha percibido como un espacio lleno de corrupción, impunidad y altamente burocratizado. Existe una animadversión social respecto al salario de los jueces y magistrados, la pulcritud de sus criterios para emitir juicios y sentencias, así como la veracidad de sus decisiones.
En general, la ciudadanía tiene una imagen negativa respecto al actuar de sus representantes y de la burocracia, debido a la lentitud, la falta de atención, su lejanía con las causas sociales y sobre todo los excesos que históricamente los han caracterizado respecto al manejo del recurso público, la corrupción, la impunidad, el desvío de recursos, el mal manejo de la administración pública y muchos otros delitos más, que se han constituido como constantes acciones que se generan de manera indebida dentro de las diversas administraciones y poderes de la Unión.
Todo ello, facilitó en gran medida la posibilidad del Gobierno Federal para desaparecer este poder, así como muchas otras instituciones que cuentan con la mancha de la corrupción, bajo la argumentación explícita de darle el poder a la gente para combatir a las autoridades negligentes y dañinas.
Esta narrativa se profundiza en las entrañas sociales cuando existen casos de impunidad durante los procesos judiciales, por lo que es importante cuidar el adecuado ejercicio de los casos penales, sobre todo cuando se busca justicia para mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes.
En nuestro Estado, casos de impunidad ante delitos tan graves como el abuso sexual infantil han sido expuestos de manera pública, lo que ha llevado a hacer una reflexión social respecto a la laxitud de nuestras leyes que permiten de manera legalmente acreditada, que muchos, a pesar de ser sentenciados, sigan libres y disfrutando de los beneficios que les dan las leyes, que les otorgan los jueces a criterio y contentillo.
Es por ello, que debemos evitar que los juzgadores tengan la posibilidad de otorgar los llamados beneficios preliberacionales a delincuentes que cometan delitos tan graves y lascivos, que ponen en riesgo a los sectores más vulnerables de la población.
Estos beneficios no deben ser concedidos a quienes han sido sentenciados por delitos como abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, o violencia sexual contra personas menores de edad o con discapacidad intelectual o cognitiva. Por el contrario, debido a su condición de vulnerabilidad, estos sectores de la población necesitan mayor protección jurídica y que nuestras autoridades los prioricen y defiendan, de lo contrario, en ocasiones se estaría enviando un mensaje equivocado, de permisividad por parte de las autoridades ante este tipo de acciones tan repugnantes.
Los delincuentes no deben tener permitido evadir la ejecución de la pena privativa de la libertad, ni los jueces la posibilidad de otorgar esta posibilidad. Antes de desaparecer un poder, deberían actualizar las leyes, brindar protección jurídica y no permitir que los abusos de legalicen y legitimen, el pueblo exige justicia y resultados, no teatros disfrazados de democracia y legitimidad.
Diputada Local
