La “soberanía alimentaria”, un discurso que nunca se puso en práctica
Por: Claudia Anaya Mota
El pasado 14 de octubre, campesinos de Zacatecas y de al menos dieciocho estados del país, participaron en el Paro Nacional Agropecuario convocado por organizaciones como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la UNTA, entre muchas otras. Las acciones incluyeron cierres carreteros, bloqueos de casetas de peaje y tomas de oficinas federales.
Las demandas fueron claras: un precio justo de garantía para los granos básicos, el restablecimiento de la banca de desarrollo para el campo —es decir, acceso a financiamiento con condiciones favorables—, la exclusión de los granos básicos del T-MEC y el regreso de programas federales eliminados, como subsidios, apoyos directos y préstamos cómodos que permitieran costear la producción, tareas que antes realizaba la Financiera Rural.
Con la desaparición de esta institución, el sector agropecuario perdió su principal fuente de financiamiento público especializado. Sus funciones fueron transferidas a la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) —antes TELECOMM—, la cual se ha enfocado en microcréditos y “Créditos a la Palabra”, dejando desprotegidos a los productores medianos y grandes, que hoy deben recurrir a la banca comercial con tasas de interés mucho más altas.
Estas exigencias reflejan una realidad innegable: la Cuarta Transformación se equivocó al eliminar programas clave para la productividad rural. El PROCAMPO, que otorgaba subsidios por hectárea, fue absorbido por el “Programa de Producción para el Bienestar”, pero su cobertura es deficiente. El Programa de Fomento a la Agricultura, que subsidiaba la adquisición de tecnología e insumos, fue sustituido por el de “Fertilizantes para el Bienestar”, cuyas entregas suelen llegar tarde al ciclo agrícola. Por su parte, el Programa de Fomento Ganadero, que apoyaba la mejora genética y sanitaria, sobrevive con un presupuesto reducido.
A esto se suma la disminución del presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), institución clave para proteger al campo de plagas y enfermedades. En 2018 se aprobaron 6,884 millones de pesos para su operación; en 2024, apenas 5,433 millones. Es decir, 21% menos recursos para garantizar la seguridad alimentaria y mantener las exportaciones. Su resultado: la plaga del gusano barrenador que ya afecta también a personas.
El panorama es preocupante: la desaparición de instituciones dedicadas a la inversión y la producción agrícola, ha debilitado la capacidad del país para garantizar el abasto nacional de granos. Mientras tanto, los programas sociales insignia, como Sembrando Vida, han demostrado graves deficiencias. Lejos de regenerar ecosistemas, han fomentado la deforestación y debilitado la organización comunitaria, al privilegiar los apoyos individuales sobre los colectivos.
En suma, la llamada Cuarta Transformación sí ha transformado el campo, pero en la dirección equivocada. Se abandonó un modelo productivo e impulsor de la inversión por otro centrado en la transferencia directa y el asistencialismo, que puede aliviar la pobreza temporalmente, pero que condena al agro mexicano a la improductividad y la dependencia.
El campo mexicano necesita políticas públicas que promuevan la producción, la innovación y la soberanía alimentaria. Hoy, más que nunca, el abandono del campo no es una omisión, sino una decisión política.
Senadora de la República
