A 48 años del derecho a saber: la transparencia sigue siendo tarea de todos

Julieta del Río
A 48 años del derecho a saber: la transparencia sigue siendo tarea de todos
El 6 de diciembre de 1977 quedó plasmado en la Constitución algo que parecía sencillo, pero que tardó décadas en hacerse realidad: que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. En ese momento fue un rayo de luz en un país acostumbrado al secretismo. Pero la verdad es que ese derecho se quedó muchos años guardado en el cajón. No había leyes, no había mecanismos y, sobre todo, no había una institución que obligara a las autoridades a responderle a la gente.
Fue hasta 2002 y 2003 cuando esa promesa empezó a caminar. Se creó el IFAI, que después se transformó en el INAI, y por primera vez cualquier persona pudo pedir información pública sin justificarse. Fue un cambio profundo pues la ciudadanía dejaba de ser espectadora para convertirse en vigilante del gobierno.
En 2007 llegó otra reforma que fortaleció al derecho a saber. A partir de entonces, todas las autoridades, de todos los niveles, quedaron obligadas a entregar información pública, salvo casos muy específicos. La transparencia dejó de depender del humor del funcionario en turno. Se volvió un derecho exigible.
Muchos estados, como Zacatecas, vivieron ese cambio de manera muy clara. Durante dos décadas, organismos locales, medios, organizaciones civiles y personas comunes aprendieron a usar solicitudes, a revisar portales, a preguntar y a exigir. La transparencia se convirtió en herramienta diaria: permitió descubrir actos de corrupción, conocer contratos, entender decisiones públicas y frenar abusos. Le dio voz a quien antes no la tenía.
Por eso, a un año de la desaparición del INAI, es doloroso y preocupante. No porque las instituciones no puedan mejorar o transformarse, sino porque México perdió a su árbitro independiente en materia de transparencia y protección de datos. Hoy, las funciones están en un organismo desconcentrado del Ejecutivo. Y cuando el vigilado es quien vigila, el equilibrio se rompe.
La promesa oficial ha sido que “nada cambia”, que el derecho sigue ahí. Pero en la práctica, sí han cambiado cosas: hay retrasos, criterios desiguales, menos independencia, incertidumbre en la resolución de recursos y riesgo de que las reservas de información se vuelvan regla, no excepción. Para un país con tantos desafíos como el nuestro, quitarle fuerza al derecho a saber es retroceder.
Aun así, la ciudadanía no se ha quedado callada. Periodistas, estudiantes, organizaciones y personas usuarias del sistema siguen alzando la voz. Y ahí está la clave: los derechos no desaparecen mientras la gente los defienda. La transparencia no es un tema de especialistas; es de todas y todos, porque afecta nuestra vida diaria: desde conocer cómo se gasta el dinero público hasta saber qué hacen con nuestros datos.
A 48 años de aquella reforma de 1977, el mensaje es claro: la transparencia no se regala, se conquista todos los días. El Estado tiene la obligación de garantizarla, pero la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigirla. Y hoy, más que nunca, necesitamos hacer valer esa promesa constitucional. Porque un país sin información es un país a oscuras. Y México ya sabe lo que cuesta caminar así.