Dr. Ricardo Monreal Ávila
La tierra y el agua son de quienes las trabajan
El binomio tierra-agua está en el origen de la mayor parte de las civilizaciones y, de manera destacada, en la agricultura, que dio luz a los primeros asentamientos estables, productivos y progresistas de la humanidad.
Esta verdad ancestral se ha agudizado en tiempos de cambio climático. La escasez de agua produce tensiones, conflictos, guerras. Según el Instituto Internacional de la Paz, del año 2000 al 2023, en el mundo se registraron 1057 conflictos por el agua. Hoy, nuestro país mantiene una disputa con EE. UU. por el agua del río Bravo, y al interior, cada vez con más frecuencia, entidades, municipios y comunidades padecen estrés hídrico.
En nuestra Carta Magna se da la preeminencia debida al derecho al agua y se establece el mandato constitucional de regular lo relativo a su acceso y uso equitativo y sustentable, enfatizando que tal acceso, disposición o uso se corresponde con un derecho fundamental de las personas. Uno de los derechos humanos intrínsecamente relacionado con el derecho a la vida misma.
Esto último se hizo patente en el conflicto por el vital líquido suscitado en Bolivia a principios del presente milenio. En un trágico caso de monopolización, privatización y disputa, la “Guerra del Agua de Cochabamba” (1999-2000) fue un caso emblemático de resistencia popular contra los abusos o excesos de los poderes fácticos en el país andino, relacionados con el uso, acceso y distribución de los recursos hídricos.
El conflicto tuvo como antecedente la ofensiva, en 1999, del gobierno de Hugo Banzer (exdictador, luego presidente electo), quien firmó un contrato con el consorcio Aguas del Tunari, liderado por la multinacional estadounidense Bechtel y la española Abril, para gestionar el agua en la región de Cochabamba. El contrato daba manga ancha para el establecimiento de un monopolio total sobre todas las fuentes de agua (incluyendo pozos comunitarios y sistemas de riego), bajo el amparo de una legislación de carácter nacional aprobada en 1999, que criminalizaba el uso de agua no autorizado por la concesión.
Como parte de las medidas clave de ese proceso de privatización, se dio cauce al aumento de tarifas; las facturas subieron hasta en un 300 %, afectando, sobre todo, a las familias más pobres. También se procedió al control de recursos comunitarios, de forma tal que hasta la recolección de agua de lluvia requería permiso o concesión. Además, el Gobierno se comprometió a compensar a la empresa si sus ganancias eran inferiores a cierto porcentaje anual.
Aquellas medidas generaron protestas masivas, huelgas generales, bloqueos de caminos y marchas en Cochabamba. La administración del mandatario boliviano respondió con represión policial, de lo cual se derivó el lamentable fallecimiento de varias personas y cientos más que resultaron heridas. Aunque se declaró estado de sitio, la presión social forzó la negociación, por lo que el 10 de abril de 2000 el Gobierno revocó el contrato con Aguas del Tunari, y el recurso hídrico volvió a manos de la gestión pública bajo la cooperativa SEMAPA. Pero quizá la consecuencia política más importante fue la influencia en la Constitución de 2009, en la que se declaró el agua como “derecho humano fundamental”.
Este ejemplo dejó importantes lecciones en torno a los intentos de privatización de los servicios básicos, lo cual puede generar conflictos severos si se ignoran los contextos locales. También mostró que la movilización social puede revertir políticas impulsadas incluso por organismos internacionales, y sirvió para generalizar aún más a nivel internacional los principios fundamentales que reconocen el acceso al agua como un derecho humano.
Por ello es muy importante la iniciativa relativa a la expedición de la Ley General de Aguas y la de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y que, en una primera instancia, dio origen a movilizaciones, bloqueos y protestas de organizaciones productoras del campo.
Es importante señalar que estas iniciativas tienen el objetivo de garantizar el acceso al agua como derecho humano fundamental; evitar su acaparamiento y monopolización en cualquiera de sus usos primordiales; asegurar la rectoría del Estado sobre la administración, asignación y distribución de este recurso propiedad de la nación, y proveer su abastecimiento social (no mercantilizado) para las futuras generaciones.
Tras un intenso ejercicio de consulta con personas usuarias, productoras, consumidoras, técnicas, académicas y especialistas sobre el tema de los recursos hidráulicos, se acordó impulsar algunas modificaciones, precisiones y cambios que permitirán avanzar a reformas legislativas que armonizan tanto las legítimas demandas de las y los usuarios actuales como los objetivos presidenciales de garantizar el acceso al agua para todas y todos los mexicanos de hoy y mañana.
La apertura al diálogo y la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director de Conagua, Efraín Morales, permitieron realizar medio centenar de adecuaciones que darán a la ley la mejor fuente de legitimidad a la que puede aspirar una autoridad reguladora: el aval de los actores regulados.
Entre las adecuaciones destacadas, se refuerza el traslado de derechos de agua en la transmisio´n de dominios de tierra, es decir, el binomio tierra-agua; de esta forma, se brinda certeza juri´dica a las personas propietarias (arti´culo 49).
En el traslado de derechos, se conservara´n los relativos a explotacio´n, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes, facilitando la continuidad de las actividades productivas asegurando que el uso del agua permanezca vinculado al territorio, evitando conflictos y fortaleciendo el manejo responsable.
Asimismo, se establece que la combinacio´n de uso agri´cola y pecuario en actividades primarias no implica un cambio de uso, y que se respetarán los volúmenes actuales en la renovación de vigencias.
Las nuevas leyes actualizan el ideal zapatista de que la tierra y el agua sean de quienes las trabajan, no de quienes las monopolizan, las comercializan o, peor aún, de quienes se las roban.
ricardomonreala@yahoo.com.mx<br /> X: @RicardoMonrealA
