Venezuela, una advertencia que no debe ignorarse
Por: Claudia Anaya Mota
En los primeros días de 2026, Estados Unidos ingresó a territorio venezolano para capturar al presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de que enfrenta acusaciones por terrorismo y narcotráfico. La acción fue duramente criticada por amplios sectores de la comunidad internacional; sin embargo, fue mayoritariamente celebrada por millones de venezolanas y venezolanos que, durante años, huyeron de un régimen que se volvió progresivamente autoritario y devastó la calidad de vida de su población. Si bien es cierto que nuestra tradición en política exterior es el respeto a la soberanía de los pueblos, en Venezuela dejó de existir, porque se destruyeron las instituciones que permitían que el pueblo decidiera quién lo gobernaba.
Lo ocurrido en Venezuela deja una lección ineludible para América Latina, particularmente para aquellos países que han respaldado —por convicción o por omisión— regímenes populistas con rasgos comunes: la polarización social basado en un supuesto conflicto entre el “pueblo bueno” y “élites corruptas”; la concentración del poder público en la figura del líder por encima de las instituciones; una comunicación política basada en la confrontación permanente; el uso intensivo de programas sociales como mecanismo de legitimación; y, sobre todo, el debilitamiento sistemático de los contrapesos que sostienen la división de poderes.
Esta última característica es, quizá, la más alarmante. Liderazgos opositores venezolanos han advertido que el autoritarismo no llegó de golpe, sino que se construyó gradualmente. Fue un proceso marcado por concesiones, por “dejar hacer”, por aceptar excepciones justificadas en la urgencia de combatir al enemigo en turno: la inseguridad, el narcotráfico o cualquier amenaza políticamente rentable para profundizar la polarización. Cuando las libertades se erosionaron, los derechos se redujeron y la calidad de vida se desplomó, el daño ya era estructural y casi irreversible. Las instituciones encargadas de poner límites al poder simplemente habían dejado de existir.
Cada país tiene su propia historia, pero los patrones se repiten con más frecuencia de lo que quisiéramos admitir, especialmente en un mundo interconectado donde la estridencia suele ser premiada y la mesura institucional parece un estorbo. Sostener el cauce democrático cuando el adversario ha capturado instituciones no es un mérito menor; por el contrario, es, muchas veces, el último recurso civilizado para reparar lo que se ha roto.
Desde la oposición, resulta indispensable superar diferencias, dejar de lado protagonismos y asumir con responsabilidad que el interés superior del país debe estar por encima de cualquier cálculo personal o partidista. Solo desde la unidad será posible reconstruir la institucionalidad que sostiene a la sociedad mexicana.
Es cierto que cada vez más sectores comienzan a advertir que muchas de las decisiones adoptadas en el rediseño legal, normativo e institucional apuntan hacia un mayor centralismo y se toman sin escuchar todas las voces. Frente a ello, la ciudadanía no puede permanecer al margen. Es momento de hacerse presente, de alzar la voz y de fijar posturas claras frente a los debates que pronto se darán en el Congreso de la Unión y que marcarán cambios profundos en nuestro sistema político-electoral.
No repitamos la historia de Venezuela. Cuando su sociedad comprendió que las vías institucionales para contener los excesos del poder habían desaparecido; cuando la disidencia ganó por medios democráticos y no existió autoridad alguna capaz de dirimir el conflicto, la dictadura ya se había impuesto. El desenlace fue la intervención de un país extranjero para poner fin al régimen.
Miremos a Venezuela como un espejo incómodo, pero necesario. Actuemos a tiempo. México merece un futuro mejor.
*Senadora
