LA REALIDAD DE LAS INFANCIAS EN ZACATECAS
Por: Isadora Santivañez Ríos
Hace unos días comenzó a circular la noticia del abuso sexual infantil cometido contra una niña de 10 años originaria del municipio de Tabasco, Zacatecas, quien con un estado delicado de salud logró identificar a su agresor, que resultó ser otro menor de edad, un niño de tan solo 13 años de edad. Dos niños viviendo y realizando cosas que jamás debieron estar en su mente, en su contexto o en su realidad.
Una pequeña que está lidiando una batalla entre la vida y la muerte, una bebé que busca sobrevivir a situaciones atroces, desgarradoras, inimaginables. Ella fue retenida, amenazada, golpeada, abusada y agredida al grado de que su vida se encuentra en alto riesgo.
Es innegable que el contexto del menor agresor debe ser bastante crudo como para normalizar ese tipo de acciones, que su dinámica de vida debe ser aterrador para considerar
La situación conmocionó a todo México, dos niños que deberían estar jugando, recreándose, divirtiéndose, simplemente siendo niños, estaban viviendo situaciones que ni en adultos están permitidas, que son rebasadas, que son delitos. Una menor siendo violentada por otro menor. Dos niños viviendo y accionando desde el dolor, la malicia, la desesperación y la normalización de atrocidades.
Hoy la sociedad no solo se conforma con exigir justicia, piden una reparación integral del daño, el cuidado y protección de las infancias y que el mayor peso de la ley recaiga sobre un niño de tan solo 13 años de edad.
Y tienen razón, independientemente de la edad, los hechos no se pueden borrar, la vida de la niña está en riesgo y eso no es una situación menor, lo que vivió marcará no solo su infancia, marcará su vida y determinará a generaciones enteras.
Hoy se exige justicia, se exige un sistema se justicia penal que no esté hecho para brindar beneficios a los agresores, sino que se priorice el bien superior de la niñez y a cualquier víctima, estamos ante un caso que refleja una realidad social alarmante pero también una realidad jurídica desproporcionada, en la que los menores son juzgados por su edad y no por sus hechos, en donde la generalidad no aplica ante casos tan concretos y en donde un delito marca vidas de manera negativa, independientemente de quien lo cometa.
En el estado de Zacatecas se ha dado un paso fundamental en la tipificación del delito de abuso sexual infantil, pasando de ser una de las entidades con mayor laxitud en sus leyes respeto a este delito, a convertirse en una de las que otorga mayor rango de protección jurídica en el país.
Estos instrumentos jurídicos deben traducirse en resultados favorables para nuestras infancias, así como parte de una oportunidad histórica para fortalecer los protocolos de actuación dentro de las instituciones públicas, principalmente las relacionadas con el sector educativo. Debido al tiempo que las niñas y niños dedican a sus actividades escolares y a lo expuestos que podrían estar, si el gobierno no les brinda la protección necesaria.
El abuso sexual infantil es uno de los delitos más crueles y viles que existen, son las infancias las más vulnerables a vivir este tipo de acciones, que no solo generan un daño instantáneo, sino que va más allá, marca vidas, escribe destinos y transforma sociedades. Nuestras infancias no deben tener la posibilidad de estudiar, bajo el alto costo de su integridad física y emocional.
Es por ello que a la par de las leyes, se deben fortalecer de los protocolos dentro de las administraciones públicas para que esa laxitud, esa complicidad y esa impunidad se conviertan en cosa del pasado y sean nuestras infancias quienes puedan sentir los beneficios que les otorgan nuestras leyes.
Mas aún, si es notorio que existen casos de abuso sexual infantil en nuestras instituciones educativas, ya que, según datos de la SEDUZAC, se reconoce un historial de aproximadamente 300 incidencias de este delito dentro de las escuelas de nivel básico en nuestro Estado.
Sin embargo, solo alrededor del 50% de esos casos están judicializados. También se han documentado denuncias públicas en jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, donde denuncias se han extendido por la omisión de directivos o incluso por presunto encubrimiento de autoridades escolares. Esto es inaceptable, nuestros docentes o directivos no pueden formar parte de una red de complicidad que encubra a quienes delinquen y lo hacen contra lo que mas debemos proteger como sociedad. El bien superior del menor, debe estar en todo momento garantizado.
Es por ello, que la SEDUZAC esta obligada a tomar cartas en el asunto, y actualizar sus protocolos que siguen siendo laxos, flexibles, arbitrarios y sin perspectiva, no podemos ser omisos ante uno de los delitos que mas lastima a la sociedad y mucho menos pueden existir vacíos que no garanticen la integridad de nuestras infancias.
La prevención, detección y atención de estos crímenes son una obligación del estado, el cual debe garantizar entornos escolares libres de toda violencia, especialmente la sexual, así mismo se deben establecer mecanismos de denuncia, detección y canalización de casos que sean sensibles, eficaces y busquen la no revictimización y la discreción de cada procedimiento.
