Dr. Pablo Quezada
El inútil ritual de los informes gubernamentales
Cada año se repite la misma escena: discursos solemnes, salones llenos, funcionarios sonrientes, cifras cuidadosamente seleccionadas y una larga lista de supuestos logros. El gobierno informa. La clase política aplaude. Los invitados felicitan. Y al día siguiente, la vida de los ciudadanos sigue exactamente igual.
Los informes gubernamentales se han convertido, en demasiadas ocasiones, en un ejercicio de propaganda más que de rendición de cuentas. Son ceremonias diseñadas para hablar del gobierno, no necesariamente para explicar lo que el gobierno hizo por la gente.
Porque una cosa es informar y otra muy distinta rendir cuentas.
Un informe debería permitirle al ciudadano saber qué se prometió, qué se cumplió, qué no se cumplió, cuánto costó, quién fue responsable y qué consecuencias habrá cuando los objetivos no se alcancen. Sin embargo, con frecuencia se transforma en un catálogo de números, obras inauguradas, programas anunciados y fotografías de funcionarios cortando listones.
El problema no son las cifras. El problema es utilizarlas para esconder la realidad.
Un gobierno puede presumir miles de apoyos entregados y, al mismo tiempo, tener comunidades que siguen esperando servicios básicos. Puede presumir kilómetros de calles construidas mientras otras permanecen destruidas. Puede hablar de inversiones millonarias mientras los ciudadanos siguen sin empleos dignos. Puede presumir avances históricos en seguridad mientras una familia continúa buscando a un desaparecido.
Ahí está la diferencia entre gobernar y hacer propaganda.
El ciudadano no vive de porcentajes ni de discursos. Vive de resultados.
Por eso habría que preguntarse qué utilidad tienen los informes cuando nadie puede contrastar fácilmente sus afirmaciones, cuando las metas se modifican para hacer parecer que se cumplieron, cuando los fracasos desaparecen de las presentaciones y cuando la responsabilidad política se diluye entre cientos de páginas y miles de cifras.
Un verdadero informe debería comenzar precisamente por los pendientes: qué salió mal, cuánto dinero se desperdició, qué promesas no se cumplieron y por qué.
Pero eso rara vez resulta políticamente atractivo.
Es mucho más sencillo presumir una carretera que explicar por qué costó más de lo presupuestado. Es más cómodo anunciar un programa que reconocer que no alcanzó a quienes más lo necesitaban. Es más fácil hablar de estadísticas que mirar de frente a los ciudadanos afectados por aquello que las estadísticas no reflejan.
El informe gubernamental no debería ser un festival de aplausos. Debería ser un examen.
Y en todo examen serio existe la posibilidad de reprobar.
También existe otra perversión: convertir el informe en un acto de culto a la personalidad. El funcionario aparece como protagonista absoluto, rodeado de seguidores, aliados, empresarios y representantes de distintos sectores. Se habla de “su” administración, “sus” logros y “su” proyecto, como si los recursos públicos fueran patrimonio personal y no dinero de los contribuyentes.
Pero los gobiernos no hacen favores. Administran recursos que pertenecen a la sociedad.
Por eso los ciudadanos no deberían conformarse con saber cuánto gastó un gobierno, sino qué obtuvo la sociedad a cambio de ese gasto.
¿Cuánto mejoró la seguridad?
¿Cuántos delitos se redujeron?
¿Cuántos empleos permanentes se generaron?
¿Cuántos hospitales funcionan realmente?
¿Cuántas escuelas mejoraron?
¿Cuántas obras tienen mantenimiento?
¿Cuánto dinero se perdió por corrupción, negligencia o malas decisiones?
¿Cuántas promesas quedaron en el camino?
Esas son las preguntas incómodas que deberían ocupar el centro de cualquier informe.
Un gobierno verdaderamente democrático no debería temerlas.
La política mexicana —y en general la política contemporánea— tiene una peligrosa afición por los grandes discursos y una preocupante resistencia a los indicadores que permiten comprobarlos. Se inaugura mucho, se anuncia todavía más y se evalúa muy poco.
Así, el informe termina siendo una especie de teatro institucional: el gobierno habla, los funcionarios escuchan, los simpatizantes aplauden y la oposición protesta. Todos cumplen su papel. Después se apagan los reflectores y comienza nuevamente la rutina.
Mientras tanto, el ciudadano sigue esperando.
Esperando seguridad, servicios públicos eficientes, calles transitables, justicia, empleos, hospitales que funcionen y gobiernos que respondan.
Por eso ha llegado el momento de cambiar el sentido de los informes. Menos propaganda y más auditoría. Menos fotografías y más resultados. Menos discursos y más datos verificables. Menos aplausos y más responsabilidad.
Porque un gobierno no debería ser evaluado por la calidad de su informe, sino por la calidad de vida que deja detrás de él.
Al final, ningún discurso puede maquillar indefinidamente la realidad.
Y si después de escuchar un informe el ciudadano sigue preguntándose “¿y a mí qué me resolvieron?”, quizá el problema no sea que el informe esté mal explicado.
Quizá el problema sea que, sencillamente, no hay suficientes resultados que informar.
