El costo de ostentar un título que nunca se obtuvo

Dr. Pablo Quezada
El costo de ostentar un título que nunca se obtuvo
Hay mentiras que pueden parecer pequeñas hasta que ocupan un cargo, firman un documento, toman una decisión o hablan en nombre de una institución. Ostentar un título profesional sin haber cursado la carrera que supuestamente lo respalda no es una simple exageración curricular: es un engaño que puede tener consecuencias legales, profesionales, éticas y, sobre todo, sociales.
Un título universitario no es un adorno para presumir en una tarjeta de presentación. Detrás de él existen años de estudio, profesores, exámenes, prácticas, trabajos, sacrificios y, en muchas profesiones, una responsabilidad directa frente a la sociedad. Quien afirma tener una formación que nunca adquirió está apropiándose, sin derecho, del esfuerzo de quienes sí recorrieron ese camino.
El problema se vuelve todavía más grave cuando esa falsa credencial se utiliza para obtener un empleo, acceder a un cargo público, influir en decisiones o presentarse como autoridad frente a terceros. En esos casos, la mentira deja de ser un asunto privado y se convierte en un problema de interés público.
No es lo mismo no tener un título que fingir tenerlo
Conviene hacer una distinción fundamental. Una persona puede ser competente, tener experiencia y poseer conocimientos extraordinarios sin contar con un título universitario. La ausencia de un diploma no convierte automáticamente a nadie en incapaz.
Lo verdaderamente cuestionable es afirmar que se posee una formación académica que no existe.
Hay una diferencia enorme entre decir: “aprendí por mi cuenta”, “tengo experiencia en el área” o “he trabajado durante años en este campo”, y afirmar: “soy licenciado”, “soy ingeniero”, “soy abogado” o “soy médico” cuando nunca se cursó ni concluyó la formación correspondiente.
La primera situación puede hablar de experiencia. La segunda puede constituir una falsificación de identidad profesional.
El mérito de quienes sí estudiaron
Quizá una de las consecuencias más injustas de estas conductas es que devalúan el esfuerzo de quienes sí estudiaron.
Detrás de cada título legítimo hay personas que pasaron años preparándose. Jóvenes que trabajaron mientras estudiaban, familias que hicieron sacrificios para pagar una carrera, estudiantes que enfrentaron exámenes, prácticas profesionales, servicio social y procesos de titulación.
Cuando alguien se atribuye gratuitamente una profesión, no solamente se adjudica un reconocimiento que no le corresponde: también coloca en el mismo nivel el esfuerzo de años y una mentira escrita en un currículum.
Y eso tiene una consecuencia peligrosa: la normalización de la idea de que las credenciales pueden conseguirse con contactos, dinero, influencia o simple descaro.
Una sociedad que empieza a creer que “da lo mismo” tener o no preparación profesional termina premiando la apariencia por encima de la capacidad.
En el servicio público, el problema es todavía mayor
Cuando la persona que ostenta un título inexistente ocupa una responsabilidad pública, el asunto adquiere otra dimensión.
Los funcionarios toman decisiones que afectan presupuestos, políticas públicas, servicios, derechos y vidas humanas. Por eso, las credenciales académicas que se exigen para determinados puestos no son un simple requisito burocrático.
Si alguien miente sobre su preparación para llegar a una posición de responsabilidad, la pregunta inevitable es: ¿qué otras cosas está dispuesto a falsear para conservar el poder?
La falsedad curricular puede ser apenas la primera señal de un problema más profundo: una cultura política en la que la imagen importa más que la preparación y donde algunos consideran que ocupar el puesto es suficiente para apropiarse también de las credenciales que el puesto exige.
No debería ser así.
La función pública no puede convertirse en un concurso de imposturas.
Las consecuencias jurídicas pueden ser reales
Además de las consecuencias éticas y políticas, ostentar indebidamente un título puede generar responsabilidades legales dependiendo de las circunstancias, de la legislación aplicable y del uso que se haya hecho de esa falsa acreditación.
No es lo mismo mentir en una conversación informal que presentar documentos falsos ante una institución, ejercer una profesión regulada sin autorización, obtener un empleo mediante información falsa o utilizar una profesión inexistente para cobrar por servicios especializados.
En determinadas circunstancias pueden aparecer responsabilidades administrativas, laborales, civiles e incluso penales.
Por eso, ante un caso concreto, no basta con preguntar si la persona “realmente sabe” o si “hace bien su trabajo”. También hay que preguntar cómo obtuvo el cargo, qué declaró oficialmente y qué documentos presentó para acreditarlo.
El verdadero daño está en la confianza
Sin embargo, quizá la consecuencia más profunda no esté en un juzgado ni en una oficina administrativa.
Está en la confianza.
Las instituciones funcionan porque existe una expectativa mínima de que lo que una persona afirma sobre sí misma es cierto. Confiamos en que el médico tiene formación médica, en que el abogado tiene autorización para ejercer, en que el ingeniero posee los conocimientos que dice tener y en que un funcionario cumple los requisitos que la ley establece para ocupar su cargo.
Cuando esa confianza se rompe, todo se vuelve sospechoso.
Y una sociedad donde las credenciales pueden inventarse termina preguntándose, con razón, qué otras cosas son falsas.
No basta con descubrir la mentira
Por eso, cuando se descubre que alguien ha ostentado un título sin haber cursado la carrera correspondiente, la reacción no debería limitarse al escándalo de unos cuantos días.
Hay que investigar.
¿Dónde se utilizó el título? ¿Qué cargos permitió obtener? ¿Qué documentos fueron presentados? ¿Quién los verificó? ¿Hubo instituciones que omitieron deliberadamente revisar la información? ¿Se recibieron remuneraciones o beneficios derivados de esa falsa acreditación? ¿Se tomaron decisiones profesionales para las que era indispensable contar con determinada preparación?
Porque una cosa es descubrir al impostor y otra muy distinta descubrir el sistema que permitió que la impostura funcionara.
La lección debería ser contundente
Un título profesional no hace superior a nadie. Pero tampoco es una pieza decorativa que pueda inventarse.
La sociedad tiene derecho a exigir que quienes se presentan como profesionales realmente acrediten su preparación, particularmente cuando de sus decisiones dependen recursos públicos, derechos de terceros o la seguridad de las personas.
Y quienes nunca cursaron una carrera tienen todo el derecho a construir una trayectoria distinta, basada en su experiencia, conocimiento y trabajo.
Lo que no deberían hacer es fabricar una trayectoria académica que no existe.
Porque al final, el problema no es solamente tener un título que nunca se obtuvo.
El verdadero problema comienza cuando una sociedad acepta que la mentira puede ocupar el lugar del mérito, que la apariencia puede sustituir a la preparación y que el poder puede convertir una falsedad en credencial.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos hablando únicamente de un impostor.
Estamos hablando de un sistema que decidió no preguntar.