Ricardo Monreal
Vacunación masiva = evaluación pública
Todas las personas que han enfrentado al virus SARS-CoV-2 —que provoca la enfermedad COVID-19—, desde la etapa misma del contagio, pasando por el malestar físico provocado por la exacerbación de los síntomas, y llegando incluso al drama de la hospitalización o el dolor por la irreparable pérdida de un ser querido a causa de este nuevo padecimiento, pueden ser más conscientes de la importancia y necesidad que hay de controlar la pandemia que actualmente nos azota.
Seguramente todas y todos hemos escuchado más de un testimonio entre familiares, amistades, colegas de trabajo, vecinos o conocidos, en torno a cómo enfrentar la enfermedad, en caso de que se presente en nuestro hogar. Información oportuna, contacto de profesionales de la salud y especialistas, remedios caseros, medicina alternativa, fármacos, lugares para la renta o venta de tanques o concentradores de oxígeno y muchos datos más han circulado profusamente a través de los servicios de mensajería instantánea de los dispositivos móviles, como manifestación de movilización social ante la emergencia sanitaria que ha golpeado al mundo entero.
Hoy por hoy, el tema más socorrido no sólo en los medios de comunicación, sino también en las pláticas familiares y en las charlas ocasionales es la situación por la cual atraviesa el país; el modo en que cada cual, desde su posición, está enfrentando la pandemia, lo que se espera en los días, semanas y meses venideros, así como las expectativas que guardamos para poder recuperar la normalidad que nos fue arrebatada hace poco más de un año.
La Jornada Nacional de Sana Distancia tiene ya un año en vigencia. A raíz de la serie de medidas implementadas por las autoridades sanitarias de nuestro país para contener la curva de contagios, México ha estado envuelto en una cuasi parálisis económica que nos ha golpeado en general, aunque sus estragos se han hecho sentir con mayor crudeza entre los sectores de la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Este último año hemos vivido dos olas de contagios. La primera, que comenzó a incrementarse en el mes de abril de 2020 y tuvo una reducción importante a partir de julio, evidenció el estado real de nuestro golpeado sistema público de salud. La misión de las autoridades sanitarias federales era clara: había que evitar a toda costa el colapso de la infraestructura sanitaria, para garantizar la atención médica oportuna de las personas que fueran alcanzadas por la nueva enfermedad y para quienes la requerían por otros padecimientos.
Gracias al esfuerzo de las autoridades federales y del ejército de heroínas y héroes de batas y uniformes blancos, se pudo aplanar la curva de contagios, y para los meses previos a la temporada invernal hubo una aparente calma.
Con la llegada de diciembre y de los fríos estacionales llegó también la segunda ola de contagios, la cual fue más agresiva que la primera, y los casos se reprodujeron con mayor rapidez. Nuevamente, la infraestructura del sistema público de salud se volvió a comprometer, y el llamado de las autoridades sanitarias hizo hincapié en la necesidad de interrumpir la cadena de transmisión con el apoyo de la población.
Después de estas dos tormentas, el saldo es de poco más de 2 millones de contagios y cerca de 200 mil lamentables defunciones; aunado a ello, se ha observado el incremento de conductas nocivas o criminales, como la violencia intrafamiliar, así como el aumento de padecimientos psicosociales, como el estrés y la ansiedad entre muchas personas de todas las edades, resultado del confinamiento y de la crisis económica que atravesamos.
Hoy, a más de un año desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país, se pueden percibir los avances en el conocimiento del virus y de la enfermedad, de los posibles tratamientos que se pueden seguir con diversos fármacos y, quizá lo más alentador, el desarrollo y la llegada de diferentes vacunas, que permitirán en un futuro cercano lograr la inmunización de la mayor parte de la población.
El gobierno de México ha sido enfático en la necesidad de dar protección, primeramente, a todo el personal de salud del país, al estar en la primera línea de combate contra la enfermedad, arriesgando su vida. Igualmente, los esfuerzos iniciales están centrados en dar protección a las personas adultas mayores, grupo etario de mayor vulnerabilidad ante el virus.
Vacunar al setenta por ciento de la población mexicana representa un reto monumental: el de la igualdad. Si la aplicación de las vacunas no se hiciera de la manera en que se está llevando a cabo; si se diera paso a una aplicación selectiva, dispar o diferenciada, sólo se contribuiría a recrudecer la desigualdad social y económica que prevalece en el país. Vacunar sin costo a todas las personas, sin mediar privilegios, sienta un precedente importante en la búsqueda de un nuevo orden social, basado en una mayor justicia y en la equidad.
Evitar que la corrupción se inmiscuya en la planeación y la ejecución del programa masivo de vacunación que se está implementando en nuestro país representa un logro mayúsculo, y es un parteaguas entre la visión y el quehacer del gobierno actual, que se aleja de las prácticas del pasado, que hundieron nuestro sistema sanitario. La salud es un derecho humano que el Estado tiene obligación de proteger, incentivar y salvaguardar en beneficio de toda la población.
Hay opiniones contrastantes respecto al manejo de la crisis sanitaria que ha hecho el Gobierno federal. No obstante, la auténtica evaluación del gobierno de la 4T se llevará a cabo en la próxima jornada electoral de junio. Si la ciudadanía considera que la actuación institucional ha estado a la altura de sus necesidades, en medio de la que será recordada como la peor crisis sanitaria del siglo XXI, entonces ratificará el proyecto alternativo que inició en nuestro país durante las elecciones presidenciales de 2018. Por el contrario, si la evaluación es negativa, indudablemente se empleará el voto de castigo.
Los estudios demoscópicos y los sondeos de opinión auguran respaldo ciudadano en las urnas, lo que se traduce implícitamente en la aprobación de la presente administración. Sin embargo, no se podrá tener la certeza hasta conocer los resultados.
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