LA CONSULTA POPULAR
Por: Isadora Santivañez Ríos
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana creado por la ley en 1994, como una forma de institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”.
Las Consultas populares deben ser aprobadas previamente por el Senado y no pueden realizarse en concurrencia con otra elección y tienen como característica principal anteponer las decisiones del pueblo como una disposición obligatoria.
Las preguntas que se formulen deben estar bien redactadas y deben ser presentadas en forma clara a la ciudadanía, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no; además, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, debe ir acompañado de la justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, enviado por el Presidente de la República al Senado para su aprobación.
En México, el próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo, de manera novedosa una consulta popular que será regulada por el Órgano Electoral Federal, la consulta pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La papeleta contendrá una breve descripción del tema, la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para votar “Sí” o “No”, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del Presidente del Consejo General del INE y de su Secretario Ejecutivo.
Algunas personas consideran que la consulta popular podrá dar movilidad al Instituto Nacional Electoral, el cual tras la concurrencia de las elecciones podría llegar a tener bastantes tiempos muertos como Institución y que la participación ciudadana es fundamental para respetar las decisiones del pueblo, además de que se logra profundizar la democracia participativa en nuestro país, a través del involucramiento de la ciudadanía ante una temática de trascendencia nacional, como lo es la exigencia de justicia social.
Sin embargo, otras personas consideran que realizar este tipo de consultas en plena pandemia además de arriesgado, es irresponsable y resulta una burla para la democracia mexicana, ya que a pesar de que la pregunta que se realizará es muy específica, en algunos medios nacionales y el Gobierno Federal la han anunciado, falsamente, como una consulta para decidir si se somete a juicio o no a los expresidentes de la República, cuando en realidad no es así, ya que en esta consulta no está en juego la posibilidad de investigar y en su caso sancionar a los actores políticos, se dice que, una vez más, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está engañando de manera sínica y desproporcionada a la ciudadanía, al afirmar que esta consulta servirá para lograr una verdadera justicia social, cuando la realidad es que se consulta respecto a un tema que ya es una obligación del Gobierno.
Muchos especialistas han calificado esta consulta como un teatro dirigido por el Presidente de la República y como una parodia del estado de derecho, ya que se encuentra legalmente estipulado que cualquier político o ciudadano que cometa un delito debe ser perseguido y sometido, con apego al marco constitucional y legal, a un proceso de esclarecimiento.
La justicia no puede ser sometida a la voluntad popular, la justicia debe aplicarse de manera inmediata por las autoridades correspondientes, esa es su obligación, la justicia no debe ser negociable, investigar los delitos del pasado, no debe depender del resultado de una consulta popular, es deber de las autoridades hacerlo y si el Presidente de la República, después de buscar durante tantos años estar en el cargo que actualmente ostenta, desconoce sus facultades y obligaciones, entonces debería buscarse otro trabajo y dejar de involucrar a las autoridades en sus falacias, así como de arriesgar y desperdiciar nuestro presupuesto en sus caprichos infantiles, póngase a trabajar Presidente…
