Julieta del Río
Negar información pública es robarle al pueblo su voz
En los últimos meses, se ha vuelto costumbre que toda aquella información que las autoridades no quieren entregar sea clasificada, casi automáticamente, como un asunto de “seguridad nacional”.
Se recurre a este argumento sin mayor justificación, bajo el pretexto de que dar a conocer ciertos datos podría causar un daño. Sin embargo, más allá de las formas, esta práctica vulnera un derecho fundamental: el acceso a la información pública.
Clasificar la información como reservada no debe ser una moda ni un pretexto para evitar la rendición de cuentas. La transparencia no es opcional, es una obligación constitucional. Para erradicar estas prácticas, es necesario fortalecer las capacidades de las Unidades de Transparencia en todas las instituciones públicas del país. No importa si existen o no órganos garantes activos; el deber de informar sigue vigente.
La creación del nuevo Organismo Público Descentralizado “Transparencia para el Pueblo” ha despertado más dudas que certezas. Se desconoce su funcionamiento, sus alcances y acciones. Su titular, a la fecha, no mantiene comunicación con la ciudadanía ni siquiera a través de redes sociales, lo cual contradice el espíritu de apertura que debería encabezar esta nueva etapa.
Lo que sí sabemos, por los números que heredamos, es que hay cientos de recursos por resolver ante negativas injustificadas. Durante esta transición institucional, comenzó a volverse costumbre negar la información.
Negar el acceso a la información pública constituye una falta grave, e incluso puede considerarse un delito, ya que toda acción realizada por los gobiernos, en cualquiera de sus niveles, pertenece al interés del pueblo. En países como los de Europa o Estados Unidos, existen instituciones sólidas dedicadas a garantizar este derecho, reconociendo que una sociedad informada es más productiva y democrática. La información pública debe estar siempre al alcance de todo
Esperamos que Transparencia para el Pueblo esté a la altura del reto. Que comprenda la enorme responsabilidad que tiene para garantizar un acceso claro, oportuno y completo a la información. Que abra canales efectivos de comunicación, especialmente en redes sociales, para que la ciudadanía pueda consultar, participar y vigilar cómo se usan los recursos públicos.
Recordemos que cada solicitud de información representa a un ciudadano que, en la mayoría de los casos está buscando acceder a otro derecho que le permite tomar decisiones y mejorar su calidad de vida.
La opacidad genera desconfianza. Decir que son transparentes no basta; hay que demostrarlo. No es un favor, es un deber legal y moral. Porque cuando se niega la información pública, no solo se oculta un dato. Se le arrebata al pueblo su voz.
