Maricarmen Salinas
Compromiso firme contra la trata de personas
Cada 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas nos convoca a visibilizar una de las violaciones más graves a la dignidad humana: la explotación de personas a través de redes que lucran con el cuerpo, el trabajo y la vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este delito afecta principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes, y requiere del compromiso firme de todas las instituciones del Estado para ser erradicado.
De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 60% de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, siendo la explotación sexual el tipo de trata más común. En México, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que tan solo en 2023 se abrieron 829 carpetas de investigación por el delito de trata de personas, lo cual nos obliga a seguir fortaleciendo las acciones de prevención, detección y atención en todos los niveles de gobierno.
En ese contexto, la Cuarta Transformación ha colocado en el centro de la política pública la justicia social, la dignidad humana y el bienestar de quienes históricamente han sido excluidos. Esa visión también guía nuestra labor en el ámbito administrativo, donde es indispensable construir entornos institucionales seguros, éticos y comprometidos con los derechos humanos.
Desde la administración pública, es posible generar condiciones que prevengan la trata mediante procesos sensibles a las desigualdades, con enfoque de género y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. Un servicio público con vocación social puede ser un dique de contención frente a las violencias más extremas.
La lucha contra la trata de personas también implica fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Solo a través del trabajo conjunto y el intercambio constante de información podremos detectar a tiempo riesgos y proteger a las personas en situación vulnerable, particularmente en contextos de migración y desplazamiento.
Asimismo, es fundamental continuar promoviendo campañas de sensibilización que acerquen a la ciudadanía la realidad de la trata y las formas en que podemos prevenirla. La educación en derechos humanos y la difusión de mecanismos de denuncia accesibles y efectivos son herramientas clave para que más personas puedan reconocer y denunciar estas prácticas.
Finalmente, la política pública debe ir acompañada de un enfoque integral que incluya la atención, protección y reparación a las víctimas. El Gobierno de México, con el respaldo de la Cuarta Transformación, ha avanzado en fortalecer estos aspectos, pero es tarea de todas y todos seguir trabajando para que ninguna persona quede desprotegida ni invisible frente a esta grave problemática.
Este 30 de julio, renovamos el compromiso con una administración pública que defienda con firmeza la dignidad humana y trabaje cada día para garantizar que todas las personas puedan vivir libres de explotación y violencia.
Porque cada vida merece respeto y protección, y es nuestra responsabilidad colectiva construir un México donde nadie sea objeto de explotación ni abuso. Ni una persona más.
M.F. María del Carmen Salinas Flores
Secretaria de Administración del Estado de Zacatecas
