Para combatir la extorsión, es necesario dejar la simulación
Por: Claudia Anaya Mota
La extorsión es uno de los delitos más lacerantes para la sociedad mexicana. Consiste en obligar a una persona, mediante amenazas, intimidación o violencia, a entregar dinero, bienes o servicios, o bien, a realizar —o dejar de realizar— un acto en contra de su voluntad. Los ejemplos sobran: desde el delincuente que amenaza con secuestrar a un familiar si no recibe cierta cantidad de dinero, hasta el funcionario corrupto que condiciona un trámite a un pago ilegal, o los integrantes del crimen organizado que exigen “cuotas” a comerciantes y empresarios para permitirles trabajar.
En México, la extorsión se considera un delito grave. Nuestra Constitución lo incluye entre los ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y está tipificado en el Código Penal Federal. La semana pasada, en el Senado de la República, aprobamos una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión, con el fin de unificar criterios, sanciones y procedimientos en todo el país. La meta es cerrar vacíos legales entre entidades y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Desde el Poder Legislativo hemos ampliado las herramientas normativas para que las autoridades puedan perseguir y sancionar este delito con mayor eficacia. Sin embargo, la realidad en los estados nos muestra que la legislación, por sí sola, no basta. El caso de Zacatecas es un ejemplo preocupante.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2018 y 2021 las denuncias por extorsión en la entidad pasaron de 235 a 486. En 2022 se mantuvieron prácticamente iguales, con 485 casos. Para 2023 se reportaron solo 76, pero esta baja no refleja una mejora real: se debió a cambios en la metodología de registro. Expertos han señalado que esto provocó un incremento en la llamada “cifra negra”, es decir, en los casos que nunca se denuncian. Además, existen discrepancias notorias entre las cifras locales y las nacionales.
Más allá de los números, en días recientes recibí testimonios sobre una nueva modalidad de extorsión en Zacatecas, particularmente en el sector de la construcción. Consiste en obligar a vendedores de materiales a aceptar precios por encima de los de mercado, sobre todo en materiales pétreos, así como en imponer tarifas excesivas para el acarreo del mismo. Quienes se niegan a aceptar esas condiciones reciben amenazas de movilizaciones de transportistas y materialistas, lo que puede derivar en bloqueos, interrupciones de suministros o presiones económicas más graves.
A esta práctica se le ha llamado “extorsión disfrazada”, pues quienes la ejercen se amparan en supuestos liderazgos sindicales para imponer sus demandas. El resultado ha sido devastador: en algunos casos, los precios de los insumos para la construcción se han incrementado hasta en 100%.
Desde la tribuna del Senado de la República denuncié estos hechos y exigí a las autoridades que abandonen la simulación. Es indispensable investigar, sancionar y castigar a los responsables. La impunidad está alimentando no solo al crimen organizado que históricamente ha lucrado con la extorsión, sino también a organizaciones sindicales que han encontrado en este vacío de acción una oportunidad para enriquecerse.
Lo más grave es que la gente, motivada por mi intervención, me escribió a mis redes sociales para compartirme que la extorsión permea en actividades y lugares como: el Mercado de Abastos, tiendas de abarrotes, venta de cigarro, venta de cerveza, venta de ganado, transporte de trabajadores, trabajadores del campo y van desde el conocido “cobro de piso” hasta pedir un porcentaje de las ventas para así impedir daños irreversibles al patrimonio o la integridad física de las familias.
La extorsión no se combate con discursos ni con buenas intenciones. Se enfrenta con acción, con investigación real y con sanciones ejemplares. Dejar la simulación es el primer paso para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie, bajo ninguna bandera, se sienta con derecho de someter a otros por la fuerza.
Senadora de la República
