ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS
Isadora Santivañez
En el estado de Zacatecas se ha dado un paso fundamental en la tipificación del delito de abuso sexual infantil, pasando de ser una de las entidades con mayor laxitud en sus leyes respeto a este delito, a convertirse en una de las que otorga mayor rango de protección jurídica en el país.
Estos instrumentos jurídicos deben traducirse en resultados favorables para nuestras infancias, así como parte de una oportunidad histórica para fortalecer los protocolos de actuación dentro de las instituciones públicas, principalmente las relacionadas con el sector educativo. Debido al tiempo que las niñas y niños dedican a sus actividades escolares y a lo expuestos que podrían estar, si el gobierno no les brinda la protección necesaria.
El abuso sexual infantil es uno de los delitos más crueles y viles que existen, son las infancias las más vulnerables a vivir este tipo de acciones, que no solo generan un daño instantáneo, sino que va más allá, marca vidas, escribe destinos y transforma sociedades. Nuestras infancias no deben tener la posibilidad de estudiar, bajo el alto costo de su integridad física y emocional.
Es por ello que a la par de las leyes, se deben fortalecer de los protocolos dentro de las administraciones públicas para que esa laxitud, esa complicidad y esa impunidad se conviertan en cosa del pasado y sean nuestras infancias quienes puedan sentir los beneficios que les otorgan nuestras leyes.
Mas aún, si es notorio que existen casos de abuso sexual infantil en nuestras instituciones educativas, ya que, según datos de la SEDUZAC, se reconoce un historial de aproximadamente 300 incidencias de este delito dentro de las escuelas de nivel básico en nuestro Estado.
Sin embargo, solo alrededor del 50% de esos casos están judicializados. También se han documentado denuncias públicas en jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, donde denuncias se han extendido por la omisión de directivos o incluso por presunto encubrimiento de autoridades escolares. Esto es inaceptable, nuestros docentes o directivos no pueden formar parte de una red de complicidad que encubra a quienes delinquen y lo hacen contra lo que mas debemos proteger como sociedad. El bien superior del menor, debe estar en todo momento garantizado.
Es por ello, que la SEDUZAC esta obligada a tomar cartas en el asunto, y actualizar sus protocolos que siguen siendo laxos, flexibles, arbitrarios y sin perspectiva, no podemos ser omisos ante uno de los delitos que mas lastima a la sociedad y mucho menos pueden existir vacíos que no garanticen la integridad de nuestras infancias.
La prevención, detección y atención de estos crímenes son una obligación del estado, el cual debe garantizar entornos escolares libres de toda violencia, especialmente la sexual, así mismo se deben establecer mecanismos de denuncia, detección y canalización de casos que sean sensibles, eficaces y busquen la no revictimización y la discreción de cada procedimiento.
Diputada Local
