Sin FONDEN, más desvío de recursos
Por: Claudia Anaya Mota
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) nació como una respuesta institucional a las tragedias provocadas por fenómenos naturales. Sus orígenes se remontan al devastador sismo de 1985, aunque formalmente fue establecido en 1996 como una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación y entró en pleno funcionamiento en 1999. Durante más de dos décadas, el FONDEN se consolidó como una herramienta fundamental para la gestión del riesgo, la atención de emergencias y la reconstrucción tras desastres naturales.
Su financiamiento provenía del presupuesto federal y de instrumentos de transferencia de riesgo, como los seguros y los bonos CAT (catástrofe), que permitían a México acceder a recursos antes de que ocurriera un desastre. Esta innovación convirtió al país en un referente internacional en materia de protección financiera ante contingencias naturales.
Sin embargo, en octubre de 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador promovió —con el apoyo legislativo de MORENA y sus aliados— la desaparición del FONDEN, bajo el argumento de que era “una bolsa de dinero donde imperaba la corrupción”. En ese momento, el fondo contaba con casi cinco mil millones de pesos. Su eliminación dio paso a un difuso “sistema de gestión de riesgos” que sustituyó los mecanismos institucionales por censos directos administrados desde el gobierno federal.
Aunque este modelo se presenta como una ayuda más directa a la población, en la práctica debilitó la capacidad de los estados y municipios para reconstruir infraestructura pública, y abrió la puerta a un uso clientelar y partidista de los recursos. En la ausencia de un marco institucional sólido, el oficialismo ha aprovechado el vacío para capitalizar políticamente la entrega de apoyos, especialmente en territorios afectados por huracanes, sismos o inundaciones.
De acuerdo con registros periodísticos, la Secretaría de Hacienda registró que el FONDEN llegó a acumular más de 33 mil millones de pesos, gracias a su financiamiento plurianual del 0.4% del Presupuesto de Egresos, pero tras su desaparición, los recursos se diluyeron: en 2021 se asignaron 8,727 millones de pesos, de los cuales no se gastó un solo peso; todo fue devuelto a la Tesorería de la Federación (Tesofe). En 2022 ocurrió lo mismo: de los más de 9 mil millones presupuestados, sólo se ejercieron mil 697 millones, y el resto volvió a la Tesofe. El Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) corrió la misma suerte: sus recursos también fueron vaciados y redirigidos, para poder financiar las obras emblemáticas del sexenio que al día de hoy, siguen sin rendir frutos de beneficio nacional.
Hoy, miles de familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla y Querétaro, claman por el regreso del FONDEN. Saben que los llamados “censos del bienestar” se aplican con criterios políticos, que la ayuda no llega a todos los damnificados y, en muchos casos, termina en manos de personas ajenas a las afectaciones. En vez de fortalecer las instituciones, se debilitó el Estado; y en lugar de transparencia, se impuso la discrecionalidad.
El FONDEN no era perfecto, pero representaba un mecanismo sólido, fiscalizable y con reglas claras. Su eliminación dejó al país más vulnerable y menos preparado para enfrentar los desastres… y más propenso, al desvío de recursos y la corrupción.
Senadora de la República
