La 4T receta más recortes que medicinas
Por: Claudia Anaya Mota
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que define la ruta del gasto público que ejercerá el gobierno federal para atender sus responsabilidades en distintas áreas y responder a las múltiples demandas de la población que espera mejores servicios y atención. Uno de los rubros más sensibles es, sin duda, la salud; en esta ocasión me referiré particularmente al caso de Zacatecas.
Uno de los fondos destinados a financiar los servicios de salud para la población más vulnerable —aquella que no cuenta con empleo formal ni está incorporada a algún régimen de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE— es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), perteneciente al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
A grandes rasgos, el FASSA tiene como propósito garantizar la atención médica de las personas menos favorecidas. Además, cubre aspectos esenciales como la protección contra riesgos sanitarios, la prevención de enfermedades, el abasto y la entrega oportuna de medicamentos, así como la mejora en la calidad y seguridad de los servicios de salud.
En este contexto, Zacatecas —como el resto de las entidades federativas— recibe recursos del FASSA para financiar los servicios que brinda a la población sin seguridad social. Sin embargo, los montos asignados son cada vez menores. Para dimensionarlo: los diputados federales oficialistas aprobaron el año pasado 1916.5 millones de pesos, mientras que para que 2026, el en el proyecto del presupuesto de egresos 2026, se contemplaron solo 898.7 millones de pesos, es decir, 54.7% menos recursos que el año pasado.
La justificación del gobierno federal es que lo que se recorta al FASSA se transfiere a un fondo general administrado por el IMSS Bienestar. No obstante, este esquema abre la puerta a decisiones discrecionales sobre cuánto dinero se entrega a cada entidad. Antes, los estados contaban —a través de la Ley de Coordinación Fiscal— con montos definidos que establecían con claridad los recursos que recibirían. Hoy, eso ya no se sabe con certeza.
Tener claridad sobre los recursos disponibles es fundamental para diseñar una política pública eficiente en materia de salud. Resulta preocupante que algunas entidades hayan decidido firmar acuerdos con el gobierno federal y entregar la gestión de un tema tan sensible e importante como lo es la atención médica.
Este nuevo “modelo” impulsado por la llamada Cuarta Transformación no ha mostrado, hasta ahora, mejora alguna en los servicios de salud, un derecho constitucional que debe garantizarse a todas y todos los mexicanos. El oficialismo continúa presentando sus “otros datos”, cifras optimistas que distan mucho de la realidad que se vive en los hospitales públicos.
Muchas familias terminan destinando parte de los recursos de los programas sociales de los que son beneficiarios a la atención privada de sus enfermedades, gastando buena parte del presupuesto familiar en medicamentos y estudios de laboratorio. De otra forma, el riesgo no solo es perder el patrimonio, sino también la vida.
Senadora de la República
