Deslegitimar para no escuchar
Por: Claudia Anaya Mota
La movilización social —la ocupación pacífica del espacio público para expresar inconformidades o exigir acciones concretas a las autoridades— es una herramienta democrática fundamental. Marchar es, ante todo, un derecho ciudadano para hacerse escuchar cuando las instituciones no responden.
La legitimidad de una protesta nace de la causa que la impulsa, no de la aprobación gubernamental que argumenta “sentirse agraviado”. El origen de una marcha siempre es el ciudadano que se sabe afectado por una realidad que le duele.
El derecho a la libre manifestación está consagrado en el artículo 6° de nuestra Constitución, que establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.”
A las autoridades les corresponde garantizar que toda movilización se realice en condiciones de seguridad y sin abusos. Sin embargo, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum optó por desplegar una estrategia de estigmatización contra los convocantes de la reciente marcha, tanto antes como después de su realización.
La respuesta oficial fue desproporcionada. Se decidió restringir a una sola entrada el acceso al Zócalo, una medida difícil de justificar incluso desde la protección civil, pues en eventos masivos debe garantizarse la existencia de múltiples rutas de entrada y salida. A esto se sumó la presencia, cuando menos llamativa, del llamado “Bloque Negro” en la única calle por la que se podía ingresar al Zócalo, son grupos que actúan de manera violenta, que provocan miedo y confusión y que curiosamente, sus integrantes no se aparecen en marchas oficialistas, pero sí actúan recurrentemente en movilizaciones como la del 8 de marzo o la del 2 de octubre, sin que haya detenidos. Todo ello retrata un talante autoritario que preocupa.
La postura del gobierno mexicano llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que exhortó a la Presidenta Sheinbaum a adoptar cinco acciones básicas para garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación: detener la estigmatización de la protesta; respetar la diferenciación entre manifestantes y quienes recurren a la violencia; e investigar posibles infiltraciones, incluidas las de agentes provocadores cuyo objetivo sea generar caos y justificar la represión.
La ONU también subrayó que la violencia no se dirigió únicamente contra manifestantes, sino también contra periodistas y trabajadores de los medios, quienes fueron agredidos físicamente y despojados —literalmente robados— de sus cámaras, teléfonos y herramientas de trabajo.
Me sumo al llamado de Naciones Unidas. Pero, además, exijo que nuestra primera mandataria escuche con seriedad, sin prejuicios y sin filtros partidistas, las demandas ciudadanas. La Presidenta debe ser receptiva y reconocer que gobierna para todas y todos los mexicanos, no solo para quienes simpatizan con el movimiento político que encabeza.
Senadora de la República
