Gobernar con datos: el nuevo lenguaje del servicio público
“Lo que no se mide no se puede mejorar; lo que no se analiza, no se puede gobernar.”
W. Edwards Deming*
Gobernar en el siglo XXI exige mucho más que voluntad política o experiencia administrativa. Exige información confiable, análisis oportuno y decisiones sustentadas en evidencia. En un entorno caracterizado por la complejidad social, la presión ciudadana y la escasez de recursos, los datos se han convertido en el nuevo lenguaje del servicio público y en un insumo indispensable para la legitimidad institucional.
La evidencia internacional es clara. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado que las políticas públicas diseñadas y gestionadas con base en datos presentan hasta un 30 % más probabilidad de alcanzar sus objetivos, en comparación con aquellas que carecen de indicadores claros y mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación (Government at a Glance). Asimismo, experiencias internacionales en países como Canadá, Reino Unido y Chile —que cuentan con sistemas consolidados de evaluación del desempeño y análisis de resultados— muestran niveles superiores de confianza ciudadana en las instituciones públicas, al reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones y fortalecer la rendición de cuentas.
Durante décadas, la gestión pública se apoyó en procedimientos formales y marcos normativos que, si bien necesarios, resultaban insuficientes para responder a problemas públicos cada vez más dinámicos. Hoy, la disponibilidad de datos presupuestales, operativos, sociales y territoriales permite no solo saber cuánto se gasta, sino qué resultados se obtienen. No obstante, contar con datos no equivale automáticamente a gobernar con evidencia.
En América Latina, por ejemplo, más del 60% de las entidades públicas recopilan información, pero menos del 40% la utiliza de manera sistemática para la toma de decisiones estratégicas. Esta brecha entre información disponible y uso efectivo de los datos revela uno de los principales retos de la administración pública contemporánea: transformar información dispersa en conocimiento útil para la acción pública.
En el caso de México, el reto adquiere una dimensión particular. De acuerdo con información pública de la Auditoría Superior de la Federación, cada año se fiscaliza un porcentaje significativo del gasto público federalizado, que asciende a billones de pesos. Los Informes del Resultado han mostrado de manera consistente que una proporción relevante de las observaciones recurrentes no deriva de actos deliberados de corrupción, sino de debilidades en la planeación, deficiencias en los sistemas de control interno, problemas de registro de información y fallas en el seguimiento de los programas públicos. Este hallazgo confirma que la mejora del desempeño institucional depende, en gran medida, de la calidad, oportunidad y uso estratégico de los datos desde las etapas tempranas de la gestión pública.
Gobernar con datos implica definir indicadores pertinentes, construir sistemas de información interoperables y desarrollar capacidades analíticas dentro de las instituciones. También exige un cambio cultural: pasar de decisiones basadas en inercias o percepciones a decisiones sustentadas en evidencia verificable, comparable y evaluable.
Desde la perspectiva de la fiscalización y la rendición de cuentas, el valor de los datos es aún más evidente. El análisis de información permite identificar riesgos de manera anticipada, detectar desviaciones en el ejercicio del gasto y medir impactos reales, más allá del cumplimiento meramente administrativo. Diversos estudios estiman que los sistemas de control basados en análisis de datos reducen entre 20% y 25% las irregularidades recurrentes, al permitir acciones preventivas y correctivas oportunas.
No obstante, gobernar con datos también plantea desafíos relevantes: calidad de la información, protección de datos personales, interoperabilidad tecnológica y desarrollo de talento especializado. Sin estos elementos, el potencial de los datos puede diluirse o utilizarse de forma fragmentada, sin generar verdadero valor público.
El verdadero aporte de los datos en el servicio público no reside en la tecnología por sí misma, sino en su uso ético, estratégico y orientado al interés público. Los datos no sustituyen el juicio ni la responsabilidad de quienes gobiernan, pero sí elevan el estándar de la decisión pública.
En un contexto donde la ciudadanía exige gobiernos más eficaces, transparentes y responsables, gobernar con datos ya no es una opción técnica. Es una condición indispensable para fortalecer la legitimidad del Estado, mejorar la calidad de las políticas públicas y construir instituciones capaces de responder, con evidencia, a los desafíos del presente y del futuro.
* W. Edwards Deming (1900–1993) fue un estadístico y consultor estadounidense, reconocido por sus aportaciones a la gestión basada en procesos, medición y mejora continua. Su enfoque influyó de manera decisiva en la administración pública y privada al establecer que la toma de decisiones debe sustentarse en datos confiables, análisis sistemático y aprendizaje organizacional.
Dra. Verónica Yvette Hernández López de Lara
Directora General en la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
Enlace Institucional en Políticas de Inclusión de la CGID–OLACEFS
* Nota de referencia: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Government at a Glance, ediciones recientes. Véanse también las evaluaciones comparadas de sistemas de gestión del desempeño y confianza institucional en Canadá, Reino Unido y Chile.
