Un padrón que expone, no protege
Por Claudia Anaya Mota
Desde la llegada de MORENA a la Presidencia de la República, los intentos por establecer un registro obligatorio de líneas de telefonía móvil han sido recurrentes. La narrativa oficial ha sido siempre la misma: tener mayor control sobre los usuarios para, supuestamente, combatir delitos como la extorsión. El objetivo, en abstracto, podría parecer loable. El problema es que, sin un presupuesto sólido, sin capacidades técnicas reales y sin garantías efectivas para el resguardo de los datos personales y biométricos, la intención se diluye y el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
Recordemosr que en abril de 2021 la mayoría oficialista aprobó en el Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Dicho padrón obligaba a los usuarios a registrar información personal para mantener activa su línea. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor ese mismo año. Sin embargo, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, al considerar que vulneraba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
La Cuarta Transformación no desistió. En 2025 se aprobaron nuevas reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las que se volvió a abrir la puerta a un padrón obligatorio, ahora bajo el argumento de fortalecer la seguridad pública. Las nuevas disposiciones obligan, desde el 9 de enero y hasta el 30 de junio de 2026, a que toda persona que posea una línea de telefonía móvil, ya sea nueva o existente, la registre y la vincule a una persona física o moral mediante documentos oficiales como la CURP o el pasaporte. De no hacerlo, la línea será suspendida, aunque el operador podrá seguir cobrando por el servicio.
Si bien la regulación establece que las empresas deben resguardar los datos conforme a las leyes de protección de datos personales, organizaciones civiles y especialistas han advertido sobre los riesgos de privacidad y la posibilidad de que esta información sea consultada por autoridades sin una orden judicial. Lamentablemente, estas advertencias no tardaron en hacerse realidad.
A poco más de una semana de haberse abierto el registro, ya circulan en redes sociales —y han sido documentadas por distintos medios de comunicación— ofertas en Facebook Marketplace de “chips Telcel y Bait listos para usar” por mil quinientos pesos. El paquete incluye todo: CURP registrada, datos biométricos y verificación facial completada. ¿De quién son esos datos? Nadie lo sabe. Lo que sí es claro es que quien compre ese chip podrá realizar llamadas y enviar mensajes a nombre de otra persona.
Lo verdaderamente grave es el riesgo jurídico y personal que esto implica. Si un extorsionador utiliza uno de esos números, la investigación no tocará la puerta del criminal, sino la de la persona cuyos datos biométricos quedaron registrados. Será ella quien tenga que explicar por qué su identidad está vinculada a un delito que no cometió. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes seguirán operando con aplicaciones cifradas, números virtuales desechables y plataformas que jamás pasarán por este padrón.
Por otra parte, la tecnología ha avanzado muchísimo; las extorsiones no se están haciendo con la “Sección Amarilla” y un teléfono. Existe evidencia real que el crimen organizado contrata o crea Call Centers fuera del país y se dispersan millones de llamadas en un minuto.
Este tipo de situaciones las pudiéramos también resolver a través de propias medidas tecnológicas en conjunto con los operadores de telefonía mòvil, porque son ellos que a través de la interconexión, permiten la “entrada” de estas llamadas a los nùmeros nacionales, pero en MORENA, apuestan por medidas “mágicas” y ùnicas.
Este episodio es una muestra más de una constante: políticas públicas improvisadas, rebasadas por la realidad y carentes de sustento técnico. MORENA insiste en erradicar todo lo anterior por razones ideológicas, solo para sustituirlo por esquemas obsoletos que no resuelven los problemas de fondo y, en cambio, crean otros nuevos. En nombre de la seguridad, se está normalizando la vulneración de derechos y la exposición de datos biométricos de millones de ciudadanos. Y eso, lejos de protegernos, nos deja más indefensos que antes.
*Senadora
