Cuando estudiar y trabajar ya no basta
Claudia Anaya
Este fin de semana trascendió una noticia que sacudió conciencias: el hallazgo de los cuerpos del ingeniero José Ángel Vélez y del geólogo Ignacio Aurelio Salazar. Nuestros paisanos fueron secuestrados el pasado 23 de enero por un grupo armado, junto con ocho personas más —geólogos, supervisores, ingenieros y personal de seguridad— mientras laboraban en Sinaloa, en una mina concesionada a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.
La esperanza de encontrarlos con vida se extinguió cuando los propios familiares de José Ángel informaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada les solicitó acudir a identificar un cuerpo. Era él. Lo mismo ocurrió con Ignacio Aurelio. Ambos fueron localizados en una fosa clandestina en la zona conocida como El Vergel, en el mismo estado donde ocurrió el secuestro.
Tras conocerse la noticia, muchas personas compartieron conmigo a través de redes sociales, su dolor, indignación e incertidumbre. Las preguntas se repetían una y otra vez: ¿Qué interés persiguen los criminales al secuestrar a profesionistas? ¿Dónde está el Estado cuando el miedo gobierna el territorio? ¿Por qué la gente trabajadora paga las consecuencias de la ineptitud o, peor aún, de la complicidad de las autoridades? ¿De qué sirve estudiar, cuidarse en la obra, cumplir con la ley, si aun así se puede ser secuestrado y asesinado?
Estos cuestionamientos no solo son razonables; son profundamente legítimos. Reflejan la desconfianza, la desesperanza y el temor que se han instalado en amplias regiones del país ante la falta de resultados en el combate al crimen organizado. Durante años se intentó justificar la violencia señalando que las víctimas “andaban en malos pasos”. Hoy esa narrativa se derrumba. Este caso lo demuestra con crudeza: eran profesionistas, trabajadores, personas que cumplían con su deber.
Quienes tienen la responsabilidad de gobernar están obligados a garantizar la seguridad de la población y a combatir, con el monopolio de la violencia legítima que la sociedad les ha conferido, a quienes atentan contra la vida y el patrimonio. Si bien es cierto que durante la llamada Cuarta Transformación las instituciones de justicia se han debilitado, también lo es que desde el Poder Legislativo hemos otorgado todas las herramientas normativas para permitir la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, los resultados no llegan a los hogares que viven bajo el asedio del crimen organizado y el narcotráfico.
Quienes desempeñamos un cargo de representación tenemos, además, un deber ético ineludible: dar voz a quienes no la tienen. Exigir transparencia en las investigaciones, acceso a la información y el derecho a conocer la verdad. En el caso de nuestros profesionistas asesinados, ha prevalecido la opacidad: casi nula información sobre los motivos del crimen, avances hasta el momento inexistentes y, hasta ahora, una dolorosa ausencia de justicia.
Cuando estudiar, trabajar y cumplir la ley ya no garantizan siquiera el derecho a volver a casa, algo esencial se ha roto. Y mientras no se repare, ninguna promesa de seguridad será suficiente.
*Senadora
