La ilegítima reforma electoral
Por: Claudia Anaya Mota
Desde la década de los setenta, México inició un largo proceso de reformas electorales orientadas a desmontar la hegemonía del partido de Estado y abrir paso a un sistema político más plural y competitivo. Aquellos cambios no surgieron por iniciativa del poder, sino por la presión de la sociedad, de las minorías políticas y de una oposición que durante años exigió reglas más justas para competir.
Las reformas se construyeron, precisamente, porque la presión venía desde fuera del gobierno. El régimen terminaba aceptando modificaciones para preservar la estabilidad política, pero el impulso inicial surgía de quienes estaban excluidos del sistema.
Gracias a ese proceso se lograron transformaciones profundas. Se permitió la entrada formal de nuevos partidos, se ampliaron los espacios de representación para las minorías y, sobre todo, se retiró al gobierno la organización de las elecciones. De ahí surgió una autoridad electoral autónoma: el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE).
Con el paso del tiempo, el fortalecimiento de la competencia política también trajo conflictos postelectorales que evidenciaron nuevas áreas de mejora. De esos episodios surgieron reglas para regular la propaganda política en radio y televisión y mecanismos para fortalecer la organización de elecciones en los estados. En otras palabras, cada reforma respondió a necesidades concretas del sistema democrático: corregir desequilibrios y ampliar la confianza ciudadana en las elecciones.
Por eso resulta preocupante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya presentado recientemente una iniciativa de reforma electoral argumentando que se trata de una demanda del “pueblo” y de un compromiso de campaña. La narrativa oficial sostiene que la ciudadanía pidió estos cambios. Sin embargo, la historia de las reformas electorales en México demuestra lo contrario: estos procesos han surgido desde la oposición, las minorías y la presión social, no desde el poder.
Los datos ayudan a poner esta afirmación en perspectiva. En la elección federal de 2024, la lista nominal registró más de 98 millones de ciudadanos con derecho a votar. De ellos participaron alrededor de 60 millones, es decir, aproximadamente el 61 por ciento del electorado. Dicho de otra manera, cuatro de cada diez mexicanos no acudieron a las urnas.
La coalición oficialista obtuvo cerca de 36 millones de votos. El resto se distribuyó entre distintas opciones políticas. Si se observa el universo total de ciudadanos con derecho a votar, resulta evidente que no existe un respaldo unánime a la propuesta ni mucho menos una demanda generalizada de reforma electoral. Presentarla como un mandato popular indiscutible es, cuando menos, una simplificación.
A ello se suma la manera en que el oficialismo ha construido su mayoría legislativa. En el Senado, el bloque gobernante ha sumado votos mediante la incorporación de legisladores electos originalmente por la oposición. En la Cámara de Diputados, una controvertida interpretación del Tribunal Electoral permitió una sobrerrepresentación que distorsiona la proporción real de votos obtenidos en las urnas. Paradójicamente, ese problema ni siquiera se aborda en la propuesta de reforma.
Para justificar el proyecto, Morena organizó también una serie de foros que supuestamente buscaban escuchar distintas voces. Sin embargo, estos encuentros fueron convocados principalmente por legisladores oficialistas y se realizaron en solo 17 estados del país. Si la intención era escuchar a todo el país, el ejercicio resultó claramente incompleto.
El contenido de la reforma también despierta inquietudes. Diversas voces hemos advertido que algunos cambios podrían debilitar la representación plural, reducir el peso de las minorías políticas y concentrar aún más el poder en el partido gobernante. No es casual que incluso aliados del oficialismo, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, hayan manifestado reservas sobre algunos puntos.
La paradoja es evidente. Durante décadas, México avanzó hacia la pluralidad política precisamente para evitar la concentración del poder en un solo partido. Hoy, varias de las propuestas contenidas en esta iniciativa parecen ir en sentido contrario.
Las democracias rara vez se debilitan de un día para otro. Con frecuencia lo hacen gradualmente, a través de reformas legales que, bajo el argumento de la eficiencia o de la voluntad popular, terminan erosionando los contrapesos institucionales.
Por ello, el debate sobre esta reforma electoral no debería limitarse a los pasillos del poder ni a las discusiones parlamentarias. La democracia mexicana es resultado de décadas de luchas sociales y de ciudadanos que exigieron elecciones libres, instituciones imparciales y reglas justas para competir.
Ese legado no puede darse por sentado. Informarse, participar en el debate público y defender las instituciones democráticas son acciones indispensables para evitar retrocesos. La historia reciente demuestra que los avances democráticos en México nunca han sido concesiones gratuitas del poder: han sido conquistas de la sociedad.
Y solo la sociedad podrá impedir que se pierdan.
*Senadora
