Dr. PabloQuezada
La violencia del crimen organizado en el sexenio actual: la deuda pendiente del Estado mexicano
La seguridad pública continúa siendo el mayor desafío del Estado mexicano. A pesar del cambio de gobierno y de la promesa de consolidar una nueva estrategia para alcanzar la paz, la violencia generada por el crimen organizado sigue marcando la vida cotidiana de millones de ciudadanos. El miedo no distingue ideologías, clases sociales ni regiones; se ha convertido en una constante para comunidades enteras que viven entre extorsiones, desapariciones, enfrentamientos armados y el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
El inicio del actual sexenio despertó expectativas de que se corregirían las fallas acumuladas durante los últimos años. La llegada de una nueva administración vino acompañada del compromiso de fortalecer la inteligencia, mejorar la coordinación entre instituciones de seguridad y atacar las estructuras financieras de los grupos criminales. Sin embargo, la realidad demuestra que el problema es mucho más profundo y complejo.
Aunque las cifras oficiales muestran una disminución en algunos delitos, particularmente en homicidios dolosos respecto de los niveles más altos registrados anteriormente, esa reducción estadística no siempre coincide con la percepción ciudadana. En muchas regiones del país, la violencia simplemente ha cambiado de rostro. Mientras algunos municipios registran menos asesinatos, aumentan las desapariciones, la extorsión, el cobro de piso, el desplazamiento forzado y la presencia permanente de grupos armados. Índice de Paz México
El crimen organizado dejó hace tiempo de ser únicamente un negocio dedicado al tráfico de drogas. Hoy controla mercados ilegales mucho más amplios: combustible robado, minería clandestina, tala ilegal, tráfico de migrantes, secuestro, extorsión, comercio de mercancías ilícitas y hasta actividades aparentemente legales que sirven para lavar recursos. Esta diversificación le ha permitido construir enormes capacidades económicas y militares.
Más preocupante aún es el dominio territorial que estas organizaciones ejercen en diversas regiones. Existen comunidades donde son los grupos criminales quienes imponen horarios, deciden quién puede abrir un negocio, autorizan actividades económicas e incluso resuelven conflictos vecinales. Cuando un grupo delictivo sustituye las funciones básicas del Estado, la violencia deja de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en una crisis institucional. Diversos análisis estiman que millones de personas viven bajo formas de gobernanza criminal. El País
Uno de los principales retos del actual gobierno ha sido enfrentar organizaciones criminales que ya no responden a estructuras tradicionales. La fragmentación de antiguos cárteles ha generado múltiples células independientes que compiten violentamente por territorios estratégicos. Cada captura importante suele abrir nuevos conflictos internos en lugar de reducir la violencia. La evolución reciente del antiguo Cártel de Sinaloa ilustra cómo la desarticulación de viejos liderazgos puede derivar en disputas aún más caóticas. El País?
Frente a este escenario, el gobierno federal ha incrementado los operativos de inteligencia y ha logrado importantes decomisos de drogas, laboratorios clandestinos y armamento, además de detenciones de objetivos prioritarios. Estas acciones representan golpes relevantes contra las finanzas del crimen organizado, pero por sí solas no garantizan una disminución sostenida de la violencia si las organizaciones mantienen capacidad de reclutamiento y reemplazo. El País?
El desafío también es institucional. Durante décadas, la infiltración del crimen organizado en corporaciones policiacas, gobiernos municipales y estructuras políticas ha debilitado la capacidad del Estado para responder con eficacia. Combatir únicamente a los sicarios resulta insuficiente si permanecen intactas las redes de corrupción que facilitan su operación. En ese contexto, diversos señalamientos públicos sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales han incrementado la presión para fortalecer los mecanismos de transparencia e investigación, siempre bajo el principio de presunción de inocencia y debido proceso. El País?
Otro aspecto alarmante es el impacto sobre la libertad de expresión. Periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales continúan desempeñando su labor en condiciones de alto riesgo. La autocensura se ha convertido, en muchas regiones, en un mecanismo de supervivencia. Cuando informar puede costar la vida, la democracia también resulta lesionada. El País?
La violencia tiene además un enorme costo económico y social. Inhibe inversiones, limita el turismo, obliga al cierre de pequeños negocios y provoca el desplazamiento de familias enteras. Los jóvenes enfrentan la falta de oportunidades y, en muchos casos, el crimen organizado se presenta como la única alternativa económica disponible. Mientras esa realidad no cambie, cualquier estrategia de seguridad estará incompleta.
La experiencia de los últimos veinte años demuestra que ninguna política basada exclusivamente en el uso de la fuerza ha logrado resolver el problema de manera definitiva. Tampoco ha funcionado una estrategia centrada únicamente en programas sociales. México necesita una política integral que combine inteligencia, fortalecimiento de las policías locales, procuración de justicia eficaz, combate frontal a la corrupción, recuperación del control territorial y una inversión sostenida en educación, empleo y desarrollo comunitario.
La paz no se construye únicamente con operativos militares ni con discursos optimistas. Se construye cuando los ciudadanos recuperan la confianza en sus instituciones, cuando denunciar deja de ser una sentencia de muerte y cuando el Estado demuestra, con resultados consistentes, que es la única autoridad legítima en todo el territorio nacional.
El actual sexenio enfrenta una oportunidad histórica. Si logra consolidar instituciones fuertes, reducir la impunidad y recuperar espacios dominados por la delincuencia organizada, podrá sentar las bases de una transformación duradera. Pero si la violencia continúa adaptándose más rápido que las políticas públicas, el país corre el riesgo de normalizar un escenario donde el crimen siga disputando funciones que corresponden exclusivamente al Estado.
La seguridad no puede medirse únicamente por estadísticas. Debe medirse por la tranquilidad con la que una familia puede salir de casa, por la libertad con la que un periodista puede investigar, por la confianza con la que un empresario puede invertir y por la certeza de que la ley prevalece sobre la fuerza. Ese sigue siendo el gran pendiente de México.
