Narcoterrorismo en Zacatecas: cuando el miedo se convierte en instrumento de control Violencia criminal, disputa territorial y erosión del Estado de derecho

Narcoterrorismo en Zacatecas: cuando el miedo se convierte en instrumento de control
Violencia criminal, disputa territorial y erosión del Estado de derecho
Por: Eva María López Valerio
Zacatecas enfrenta desde hace varios años una compleja crisis de seguridad vinculada con la presencia y disputa territorial de organizaciones de la delincuencia organizada. Homicidios, desapariciones, bloqueos carreteros, ataques contra corporaciones de seguridad, desplazamiento de comunidades y afectaciones a las actividades productivas han modificado profundamente la vida cotidiana de miles de zacatecanos. En este escenario ha cobrado fuerza el término “narcoterrorismo”, utilizado para describir expresiones de violencia criminal cuyo propósito trasciende el beneficio económico y busca generar miedo colectivo, intimidar a la población o presionar a las autoridades.
El concepto, sin embargo, debe utilizarse con responsabilidad. Jurídicamente, narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo no son sinónimos. El Código Penal Federal establece elementos específicos para configurar el delito de terrorismo, particularmente cuando determinadas conductas tienen como finalidad producir alarma, temor o terror en la población o presionar a la autoridad para que adopte una determinación. Por ello, no todo acto violento relacionado con el narcotráfico constituye automáticamente terrorismo. La denominación de “narcoterrorismo” debe analizarse a partir de la conducta, su finalidad, el contexto y las pruebas disponibles.
Lo que sí resulta innegable es que determinadas manifestaciones de la violencia criminal tienen efectos sociales semejantes al terror. Cuando se incendian vehículos, se bloquean carreteras, se realizan ataques contra autoridades o se amenaza a comunidades enteras, el objetivo puede ser no solamente causar un daño inmediato, sino transmitir un mensaje de poder: demostrar que existe una organización capaz de alterar la movilidad, la economía y la vida cotidiana de una población.
Zacatecas: un territorio estratégico
La posición geográfica de Zacatecas constituye uno de los factores que explican su relevancia para las actividades ilícitas. Su conexión con entidades del norte, centro y occidente del país, así como sus principales vías de comunicación, convierten al estado en un territorio estratégico para el traslado de mercancías y personas.
La disputa por rutas y territorios ha generado una violencia que no permanece confinada a los integrantes de las organizaciones criminales. Sus efectos alcanzan a comerciantes, transportistas, estudiantes, trabajadores, productores agrícolas y familias.
El problema adquiere una dimensión particularmente grave cuando la población comienza a modificar sus actividades por miedo. Dejar de transitar por determinadas carreteras, cerrar negocios anticipadamente, abandonar comunidades o suspender actividades productivas son señales de que la violencia está afectando el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
Por ello, la inseguridad no puede entenderse únicamente como un problema policial. Cuando el miedo condiciona la libertad de movimiento, el trabajo, la educación y la convivencia social, estamos ante una problemática de Estado.
El campo zacatecano también es víctima
Uno de los sectores que requiere mayor atención es el rural. Zacatecas posee una importante actividad agrícola y ganadera, por lo que cualquier alteración de la seguridad repercute directamente en productores y comunidades.
La inseguridad puede dificultar el traslado de cosechas, incrementar costos, afectar la comercialización y provocar el abandono de actividades productivas. Además, cuando una familia tiene que abandonar su comunidad debido a la violencia, la pérdida no es únicamente económica: se rompen vínculos comunitarios y proyectos de vida.
El desplazamiento forzado y las desapariciones representan algunas de las expresiones más dolorosas de esta crisis. Detrás de cada persona desaparecida existe una familia que enfrenta incertidumbre, búsqueda y, muchas veces, una respuesta institucional insuficiente. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas constituye una herramienta fundamental para dimensionar la magnitud nacional de este fenómeno y la necesidad de fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación.
La impunidad alimenta el miedo
El problema central no es únicamente la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. También es la debilidad institucional que puede permitir que sus actividades se reproduzcan. Una sociedad en la que denunciar parece inútil, donde las investigaciones no avanzan o donde las víctimas no reciben atención adecuada pierde confianza en sus instituciones. La impunidad genera un círculo perverso: disminuye la denuncia, fortalece la percepción de indefensión y permite que las estructuras criminales continúen operando. Por ello, combatir la delincuencia organizada exige mucho más que operativos de seguridad. Se necesita fortalecer las policías locales, las fiscalías y los mecanismos de inteligencia; investigar las redes financieras del crimen; combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas; prevenir el reclutamiento de jóvenes y atender integralmente a las víctimas.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece precisamente la importancia de fortalecer las capacidades estatales y la cooperación para enfrentar organizaciones criminales que operan de manera estructurada y transnacional.
Recuperar el territorio y recuperar la confianza
La seguridad democrática no puede reducirse a la presencia de fuerzas armadas o policiales. Requiere instituciones capaces de garantizar justicia y derechos humanos. Zacatecas necesita recuperar carreteras, comunidades y espacios públicos, pero también recuperar algo fundamental: la confianza ciudadana.
Hablar de narcoterrorismo debe servir para abrir una discusión seria sobre las nuevas formas de violencia y sobre la capacidad del Estado para responder a ellas. No se trata de utilizar una etiqueta para generar alarma, sino de reconocer que cuando organizaciones criminales utilizan la intimidación para condicionar la conducta de comunidades o autoridades, el fenómeno adquiere una dimensión que debe ser estudiada desde la seguridad pública, la criminología, el derecho y los derechos humanos.
Zacatecas no puede acostumbrarse a vivir bajo la lógica del miedo. La violencia no debe convertirse en una parte normal del paisaje social ni la población debe asumir como inevitable aquello que corresponde al Estado prevenir, investigar y sancionar.
El desafío es recuperar el territorio, pero también la legalidad; combatir al crimen, pero también la impunidad; proteger a las víctimas y reconstruir el tejido social.
Porque frente a cualquier expresión de violencia organizada, existe una obligación irrenunciable del Estado: garantizar que el miedo no sustituya a la ley y que el crimen nunca ocupe el espacio que corresponde a las instituciones democráticas.